Organismos de análisis económico llaman a transparentar negociaciones con el FMI

Señalan la necesidad de no tomar medidas económicas que afecten a la gran mayoría como aumentar el IVA.

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Foto: archivo

Tanques de pensamiento económico como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (Colproce), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), Fudecso y PROES han señalado la necesidad que el Gobierno salvadoreño se comprometa a transparentar las negociaciones del Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (SAF).

Este acuerdo implica un financiamiento de $1,300 millones para apoyar los desequilibrios presupuestales que irá amarrado a una serie de medida estructurales que implicará entre otras,  un ajuste fiscal que rondaría un 4 % del PIB, según aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; es decir alrededor de $1,000 millones que se deberían hacer vía aumento de ingresos y recorte de gastos.

"El Gobierno de El Salvador, presionado por el estrecho espacio fiscal existente, negocia con el FMI un acuerdo SAF que podría abarcar el periodo 2021-2024, a cambio de la posible aplicación de un programa de ajuste fiscal de corte regresivo y contractivo, que podría implicar el aumento de tributos al consumo, entre ellos el IVA, y el recorte de áreas importantes del Presupuesto General del Estado, como los subsidios, las asignaciones y transferencias a las municipalidades a través del FODES, entre otras.

Esas medidas tendrían un impacto negativo en la mayoría de la población, aumentarían las desigualdades sociales y elevarían los niveles de pobreza", reza la nota conjunta firmada por estos organismos.

Se estima que el año pasado los niveles de pobreza en el país aumentaron alrededor de un 8%, por la caída de un 7.9% de la economía que llevó al cierre de empresas y recorte en materia de empleos que no se han recuperado a la fecha.

Asimismo, en 2020 la deuda del país creció $2,700 millones un 90% del PIB y un 85% del Ingreso Nacional Disponible.

Para estas organizaciones la situación actual de El Salvador requiere de  una reforma integral en las finanzas públicas que considere un aumento de los ingresos tributarios con sentido de progresividad y reducción de gastos superfluos e innecesarios, además de una gestión pública basada en resultados y una mayor trasparencia fiscal.

Es por ello que llaman a que el gobierno haga pública las medidas que está negociando con el FMI.

Además proponen: no aumentar impuestos al consumo, como el IVA; aumentar los ingresos públicos cumpliendo el principio de capacidad de pago establecido en la Constitución de la República; "aplicar impuestos al patrimonio, las herencias y sucesiones de 160 individuos que poseen activos por $21,000 millones".

También llaman a incrementar hasta en un 20% la tasa efectiva que paga el 10% de la población que posee los mayores ingresos, continuar el combate de la retención indebida del IVA; aprobar el impuesto al patrimonio, impuesto predial y a los bienes de lujo. Aplicar medidas administrativas, como factura electrónica.

En materia de gasto, las propuestas de las organizaciones están enfocadas en mejorar  la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto, especialmente en las compras gubernamentales. Además de adoptar un presupuesto por resultados y multianual.

Reducir gastos superfluos, como seguros privados para funcionarios públicos, publicidad, viáticos, entre otros.

Y piden  "transitar hacia un sistema de pensiones que resuelva la baja cobertura y la inequidad, mejore la suficiencia de las pensiones y donde las cotizaciones puedan financiar obras de desarrollo".

Para ello  es necesario "un diálogo democrático entre los diversos actores de la sociedad", puntualizan.

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