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País debe revisar fuero de políticos y sanciones en casos de lavado

La inmunidad de los funcionarios no debe impedir la prevención de los delitos de corrupción y lavado de dinero, según la UNODC.
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Prevención.  Señalan que hay que trabajar en revisar la inmunidad de los funcionarios y en las sanciones en los casos de corrupción y lavado de activos.

Prevención. Señalan que hay que trabajar en revisar la inmunidad de los funcionarios y en las sanciones en los casos de corrupción y lavado de activos.

País debe revisar fuero de políticos y sanciones en casos de lavado

País debe revisar fuero de políticos y sanciones en casos de lavado

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El país aún tiene que superar muchos retos en la prevención del lavado de dinero, sobre todo cuando hay funcionarios involucrados. Entre los puntos de mejora están la agilización de procesos para desaforar a los políticos y endurecer las sanciones que se imponen para que estas estén acorde a otros delitos de corrupción, según explicó Mónica Mendoza, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Centroámérica y el Caribe, quien está a cargo del programa anticorrupción y de lavado de activos.

Mendoza explicó que es necesario verificar los procedimientos para quitar la inmunidad cuando un funcionario está involucrado en un caso de corrupción o lavado, puesto que toman tanto tiempo que las evidencias “se pierden” y los presuntos delitos quedan en impunidad.

De hecho, dijo que es necesario evaluar cuándo es que un funcionario debe tener inmunidad, en el sentido que se aplique para el trabajo que debe de hacer, pero que no impida que haya acciones cuando ocurra un crimen de lavado de dinero o corrupción.

También explicó que es necesario hacer más ágiles los procedimientos, con el propósito de poder confiscar “el producto derivado del delito”.

La lucha contra la corrupción no es solo un asunto del Gobierno. Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), explicó que las empresas también deben adoptar una postura.

Según Rubio, un problema importante es la tramitología. Cuando los procesos burocráticos son muy engorrosos, una empresa puede estar tentada a incurrir en prácticas ilegales, como sobornar para acortar los tiempos.

Además, señaló que cuando un funcionario es corrupto, no va a querer reducir los trámites, ya que puede ganar más de los sobornos de las empresas.

El problema es que el costo para las empresas aumenta y, por ende, el precio de los productos para las personas. Ese no es el único problema directo que sufren las personas. Según el analista, la calidad de los productos también es inferior, puesto que también puede haber corrupción en los controles.

El investigador opinó que los delitos de corrupción no deberían prescribir, es decir, dejar de ser juzgados porque pasó una cierta cantidad de tiempo.

Rubio agregó que el país ha hecho avances en su institucionalidad, sobre todo por el trabajo reciente de la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información. Sin embargo, dijo que aún falta depurar el aparato jurídico, porque “la última prueba es el juez”.

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