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Política fiscal tiene poco impacto en reducir la pobreza

El BID advierte que el país es de los que menos destina al rubro social; al mismo tiempo, señala la informalidad y el poco beneficio que las personas más vulnerables reciben tras pagar los impuestos.
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El Salvador está entre los países cuya política fiscal tiene un menor impacto en la reducción de la desigualdad, según señala el informe “Panorama de las administraciones públicas de América Latina y el Caribe” de 2017 que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La investigación arroja que el país destina poco para programas sociales.

“Los países con la menor reducción de la desigualdad producida por la política fiscal son Honduras, El Salvador, Guatemala y Perú; precisamente los países con el nivel más bajo de gasto social como porcentaje del PIB. Sin embargo, Ecuador, que tiene un nivel de gasto social muy parecido al de Honduras, El Salvador y Perú, es más eficaz en la reducción de la desigualdad”, expone el documento.

El BID sostiene: “A través del gasto social, la política fiscal puede promover la igualdad de oportunidades al asegurar que todos los individuos puedan desarrollar su potencial sin verse limitados o afectados por factores que están fuera de su control, como las condiciones sociales, económicas y familiares”.

El informe arroja que el gasto social en El Salvador ronda el 11 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la media latinoamericana es de 15 %. Este promedio es incluso bajo en comparación al dato de los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que supera en 60 % a la cifra de Latinoamérica.

En el caso salvadoreño, el gasto social se utiliza principalmente en salud, en un segundo lugar para educación. Además de tener una inversión social menor en relación con el PIB que el resto de los países, un problema que el BID advierte es el poco impacto de este gasto en reducir las pobreza, un problema que pese a que no es exclusivo de El Salvador, llama la atención que la pobreza ha incrementado.

De hecho, el 40.6 % de la población vive en pobreza, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2015, realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía (MINEC). Este porcentaje significa un aumento de 3.4 puntos en comparación a 2014, cuando la cifra fue de 37.2 %. La DIGESTYC detectó en 2014 un total de 2,379,892 de personas pobres, mientras que el año antepasado el número subió a 2,623,956; es decir unas 244,064 personas más.

Al separar a los salvadoreños según sus ingresos en 10 niveles, siendo el primero el más pobre, el BID advierte que a partir del segundo nivel las personas son más “pagadoras” que “beneficiadores”, es decir que reciben menos de lo que pagan en impuestos, esto explica el poco éxito de la política fiscal.

Otro factor es la informalidad, que según estimaciones toca al 72 % de la economía salvadoreña. Este sector es la parte de la economía que escapa a la regulación, en el sentido de que no paga impuestos y las personas que laboran ahí no cuentan con prestaciones básicas como la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o de ahorro para la jubilación.

El organismo multilateral advierte de “un círculo vicioso” entre la informalidad y la pobreza, puesto que este sector se caracteriza, además de la falta de protección, por la baja productividad. Al ser mayoritario en la economía deja en los hombros de pocas personas el pago de impuestos, con excepción del IVA que los salvadoreños pagan como un recargo al consumo de productos y servicios; este es el impuesto que tiene la mayor recaudación (ver gráfico).

“La excesiva carga tributaria del empleo formal en América Latina y el Caribe no solo es poco compensatoria, sino además distorsionante (...) Los altos costos del trabajo formal pueden crear un incentivo perverso para operar en el sector informal. Esto no solo perjudica la recaudación, sino que, en vista de la baja proporción de capital productivo y el limitado tamaño de las empresas, también perjudica la productividad”, asegura el organismo en el informe.

Aunque en El Salvador, el IVA es el tributo que más dinero trae a las arcas del Estado, el Impuesto sobre la Renta (ISR), que es una deducción que el Gobierno hace de los salarios de los trabajadores y de las ganancias empresariales, ha ido aumentando su participación. Este es el cargo que solo pagan las personas que se encuentran en el sector formal.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, el cobro de todos los impuestos dejó al Estado $4,238 millones, lo que equivale al 15.9 % del PIB. En 2011, esta cifra fue de $3,488.6 millones, 15.1 % del PIB. Quiere decir que en cinco años el Gobierno aumentó su cobro de impuestos en 21.5 %.
 

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