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Presentan demanda contra emisión de deuda para presupuesto 2019

Los diputados avalaron que se emitan títulos valores por $1,297 millones, para pagar un bono que vence a fin de año y para financiar el presupuesto del Estado.
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Acuerdo.  Casi tres meses de que les fue presentado, los diputados aprobaron el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2019. Como hay una diferencia de $1,297 millones entre los ingresos y los gastos proyectados para dicho ejercicio se autorizó que Hacienda emita títulos valores para obtener el financiamiento complementario.

Acuerdo. Casi tres meses de que les fue presentado, los diputados aprobaron el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2019. Como hay una diferencia de $1,297 millones entre los ingresos y los gastos proyectados para dicho ejercicio se autorizó que Hacienda emita títulos valores para obtener el financiamiento complementario.

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El abogado Daniel Olmedo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la emisión de nueva deuda para financiar el presupuesto 2019 y pagar un bono de El Salvador que se vence a finales del año. La demanda fue presentada el viernes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en esta se pide, como medida cautelar, que se suspenda temporalmente el decreto en caso de ser admitida.

En el escrito, el abogado señaló que la demanda es en contra de la Asamblea Legislativa por aprobar el artículo 2 del Decreto Legislativo Número 217, que autoriza al Ejecutivo a emitir títulos valores por $1,297 millones. Dicho artículo especifica que el dinero se usará para financiar el presupuesto del Estado para 2019, que "no puede ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios".

Olmedo argumentó que eso viola el artículo 148, inciso 30 de la Constitución, que dice que "el decreto legislativo en el que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que serán destinados los fondos de este y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación".

La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, agregó Olmedo, indica que la emisión de títulos valores es considerada una forma de contratar empréstitos, por lo que está regulada por el artículo 148, citado anteriormente, específicamente en dejar explícito en el decreto el fin que tendrá los fondos a obtener.

El decreto sí enumera algunas condiciones de la emisión de los títulos, como que se colocarán a un plazo de 30 años y que el rendimiento a pagar será determinado por las condiciones del mercado.

Pero el abogado señaló que en el artículo 2 del Decreto 217 no se especifica para qué partidas o egresos se usará el dinero. De los $1,297 millones a colocar, $800 millones serían para pagar el bono de El Salvador que vence a fin de año; los $497 millones restantes, para completar los requerimientos del presupuesto del Estado.

El demandante va más allá, y señaló que si en la sentencia se declara la inconstitucionalidad de este artículo, por conexión se haga también con todo el Decreto Legislativo 217.

Olmedo además solicitó en su escrito que, si se admite la demanda, se aplique como medida cautelar la suspensión temporal de dicho decreto, pues de no hacerlo, afirmó, podría haber "daños irreversibles".

Entre estos enumera la contratación de un crédito puente para obtener los fondos, tal y como lo establece el artículo 4, de dicho decreto, mientras se estructura la emisión de deuda. Además, sin la medida, se deja la vía libre para la colocación de los títulos, la obtención del dinero, y el uso de este de forma discrecional, agregó el demandante.

"Por lo anterior, es preciso que la honorable sala, al admitir esta demanda, emita una medida cautelar en el sentido siguiente: que se suspenda la aplicación del decreto y se prohíba al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva, que actúa como agente financiero del Gobierno, realizar toda operación que guarde relación directa o indirecta con la emisión de títulos a que se refiere el decreto impugnado", indicó.

Necesidades no cubiertas

La Asamblea Legislativa aprobó, en diciembre recién pasado, el Presupuesto General de la Nación, pero también el Decreto Legislativo 217 en el que avala al Ministerio de Hacienda a emitir títulos valores para financiarlo.

En principio, el financiamiento solicitado era de $1,407 millones, pero finalmente la cifra se redujo en $110 millones, que el Ejecutivo afirmó sacaría de otras fuentes. Así, se echará mano de los ingresos que obtendrá la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) por la subasta de frecuencias, y de parte de las utilidades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

En ese decreto, los diputados autorizan tanto la emisión de títulos por $1,297 millones, como la contratación de un crédito "puente", para obtener el dinero mientras se estructura la emisión.

Según el Ministerio de Hacienda, el proceso de preparación y venta de los títulos valores puede llevar al menos cinco meses, y una vez esta se concrete, se pagará el crédito puente en su totalidad.

Sin embargo, Olmedo dijo que existe la posibilidad de que este dinero se gaste antes de tiempo, sobre todo los $800 millones que se deben destinar al pago del bono de El Salvador que vence en diciembre de este año, y que cuando llegue el momento, estos fondos ya no estén.

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