Presentan demanda de inconstitucionalidad por uso de pensiones

La Asamblea Legislativa aprobó que hasta un 50 % de los ahorros para pensiones se use para pagar a los jubilados del ISSS y del INPEP. El límite anterior era del 45 %.
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Dos ciudadanos presentaron este viernes una demanda de inconstitucionalidad en contra del aumento en el monto de los ahorros para pensiones que el Gobierno puede tomar prestados para pagar a los jubilados del ISSS y del INPEP.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), para que se pueda usar hasta un 50 % de los ahorros para pensiones para comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP). El límite anterior era del 45 %, y ha venido en aumento desde que se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), en 2006, como mecanismo financiero para obtener dinero y poder pagar la pensión a los jubilados del ISSS y del INPEP.

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Actualmente, más de la mitad de los fondos de pensiones están invertidos en estos CIP, tanto de la seria A como de la serie B. La reforma del martes corresponde a los llamados CIP A, y la decisión de los diputados causó polémica ya que estos títulos pagan un interés muy bajo, cerca del 3 % anual, en lugar de pagar una tasa de mercado, de arriba del 6 % en las condiciones actuales.

Para los trabajadores, un menor rendimiento por sus ahorros significa que tendrán menos dinero disponible al jubilarse y, por tanto, una menor pensión.

La demanda fue interpuesta por el abogado Daniel Olmedo, y por Carlos Roberto Jovel Munguía. La demanda, presentada este viernes a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, es en contra de la Asamblea Legislativa, por haber aprobado el Decreto Legislativo N.º 733, del 18 de julio de 2017, que reforma el artículo 91 letra m de la Ley del SAP, para llevar hasta un 50 % el límite de los fondos de pensión que pueden usarse para comprar los CIP.

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“El objeto de esta pretensión es reclamar una inconstitucionalidad por vicio de forma”, señala la demanda. Según Olmedo y Jovel, en el proceso de creación de dicho decreto se vulneraron el principio democrático y el de deliberación, pues no hubo debate público para aprobar la reforma. “En la sesión plenaria no hubo intervención de ningún diputado para deliberar sobre el proyecto de ley... a las 16:23 horas se leyó el dictamen, y seis minutos después, a las 16:29, se aprobó”.

Los demandantes piden a la sala que como medida cautelar suspendan la aplicación de este decreto. El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, dijo ayer que sancionará la reforma, que se convertirá en ley una vez publicada en el Diario Oficial, a menos que los magistrados de la sala decidan admitir la demanda y aplicar la medida cautelar.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS) dijo que la decisión de incrementar el límite de la inversión obligatoria es perjudicial para el ahorro de los afiliados, y esta decisión se traducirá en pensiones más bajas.

Cuando se creó el FOP, en 2006, se estableció que las AFP debían invertir por obligación un 30 % de los ahorros en la compra de CIP. Para 2012 este límite se subió al 45 %, y la reforma subió este techo al 50 %.
 

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