Presidente avala reforma a pensiones y Ley de Extinción de Dominio

Las enmiendas se aprobaron en la plenaria del martes 18, en medio de críticas a los partidos que las apoyaron. ARENA se abstuvo de votar. Ya hay dos demandas de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley de pensiones.
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Presidente avala reforma a pensiones y Ley de Extinción de Dominio

Presidente avala reforma a pensiones y Ley de Extinción de Dominio

Impacto.  Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

Impacto. Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

Impacto.  Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

Impacto. Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

Presidente avala reforma a pensiones y Ley de Extinción de Dominio

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El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, sancionó y mandó a publicar este lunes los decretos con las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro Previsional y a la Ley de Extinción de Dominio, que aprobaron los diputados en la polémica sesión plenaria del pasado martes 18 de julio.

Una fuente de la Presidencia confirmó que el gobernante dio su aval a ambos decretos y los mandó a publicar al Diario Oficial este lunes. Sánchez Cerén había anunciado el sábado pasado que sancionaría las reformas porque las habían analizado y no habían encontrado inconstitucionalidades en estas.

Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio fueron aprobadas por los diputados del FMLN y GANA, el de la diputada Carolina Rodríguez, de ARENA, y el de Reynaldo Cardoza, del PCN. La extinción de dominio es una figura que permite que el Estado tome posesión de bienes producto de actividades ilícitas.

Entre los cambios que aprobaron los diputados está el establecimiento de un período de 10 años para que prescriba la acción de extinción, a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Si el caso llega a instancias judiciales pasado ese período, ya no podría aplicar la ley.

Entidades como el llamado Consorcio para la Corrupción, en el que hay varias organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, criticaron estas reformas. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, ha dicho que esta es una muestra de que en el país hay sectores que no quieren combatir la corrupción.

Sin embargo, a la fecha no se han tomado acciones para tratar de detener o revertir las enmiendas.

En cambio, ya hay dos procesos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro Previsional (SAP), que permitirá que el Estado eche mano de unos $500 millones de los ahorros para pensión, a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

El FOP se creó en 2006 como una forma de financiar el pago de las pensiones del ISSS y del INPEP. Estas instituciones se quedaron sin reservas en 2002, y desde entonces el Gobierno debió asumir el costo financiero de las pensiones de más de 100,000 jubilados. Actualmente el pago de las pensiones de aproximadamente 175,000 personas depende directamente del FOP.

El dinero de este fideicomiso se obtiene de la venta de los denominados Certificados de Inversión Previsional (CIP). La Ley del SAP fue reformada en 2006 para obligar a las AFP a que usaran hasta un 30 % de los fondos de pensiones para comprar estos CIP. En 2012 este techo se subió al 45 %, y con la reforma del martes 18 se elevó a un 50 %.

La polémica por esta medida surge debido a que los intereses que el Estado paga por los CIP son bastante bajos. Incluso la Sala de lo Constitucional se pronunció en diciembre de 2014 y mandó a la Asamblea Legislativa a cambiar el cálculo de los intereses y mejorarlo (ver nota secundaria).

A partir del fallo de la CSJ, las nuevas emisiones de CIP devengaban un interés anual del 3 %, pero los papeles emitidos antes, el denominado “stock” mantiene las tasas anteriores, de modo que el rendimiento promedio de estos títulos es del 2.2 % anual.

El Comité de Trabajadores por la Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP) ha pedido que el interés por los CIP se eleve a un 7.7 %, una tasa similar a la que el Estado paga por otros tipos de financiamiento.

Ricardo Soriano, de COMTRADEFOP, criticó la reforma que eleva el techo para la compra de los CIP. “La Asamblea no ha cumplido el mandato de la Corte Suprema; en cambio, aprueba esta reforma para que el Gobierno obtenga $500 millones para pagar a pensionados del INPEP y del ISSS. Con esto está permitiendo que el Gobierno siga quitando de forma ilegal el ahorro de los trabajadores”, dijo.

Agregó que el bajo interés que devengan los CIP ha hecho que los fondos para pensiones no crezcan como lo deberían haber hecho. “Hemos perdido más de $2,000 millones y el Gobierno tiene una deuda de casi $6,000 millones con nosotros, los trabajadores”.

El pasado viernes, el abogado Daniel Olmedo y Carlos Roberto Jovel Munguía presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.º 733, que reforma el artículo 91, letra m, de la Ley del SAP, que llevó al 50 % el límite de los fondos de pensión que pueden usarse para comprar los CIP.

“El objeto de esta pretensión es reclamar una inconstitucionalidad por vicio de forma”, señala la demanda. Según Olmedo y Jovel, en el proceso de creación de dicho decreto se vulneraron el principio democrático y el de deliberación, pues no hubo debate público para aprobar esta reforma. “En la sesión plenaria no hubo intervención de ningún diputado para deliberar sobre el proyecto de ley... a las 16:23 horas se leyó el dictamen, y 6 minutos después, a las 16:29, se aprobó”.
 

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