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Presupuesto 2017 con nueva demanda ante Corte Suprema

El plan de gastos del Gobierno dejó fuera cuatro obligaciones con los trabajadores y otros contribuyentes. No tomó en cuenta los $230 millones que tendrán que devolver a los que ahorran para pensión.
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El plan de gastos e ingresos que preparó el Gobierno para este año dejó fuera cuatro compromisos que tiene el Estado con la población, por ejemplo, pagar la cantidad exacta del dinero que el Gobierno debe devolver a los trabajadores que ahorran en las AFP.

Cada año, el presupuesto nacional se convierte en ley con 43 votos en la Asamblea Legislativa.

“La Ley del Presupuesto 2017 viola flagrantemente el art. 227 Cn. irrespetando groseramente los principios constitucionales presupuestarios de universalidad y de unidad y, en consecuencia, la citada ley es inconstitucional”, detalla la demanda que promovió el abogado constitucionalista Enrique Anaya el 15 de marzo.

Anaya llevó esta demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 227 de la Constitución (art. 227 Cn.) exige al Gobierno “la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes”, según el primer párrafo.

Dicho de otra manera, la Constitución manda a que el Ejecutivo elabore un presupuesto tomando en cuenta solo los recursos que tiene asegurados desde antes. Además, debe presentar todo esto en un solo documento.

Son cuatro necesidades de gasto público que están incompletas en el presupuesto 2017, según la demanda, y Anaya concluye que es como si no estuvieran. Son vacíos en los datos “que resultan más obvios, groseros y burdos”, como expresa el documento.

Así, el dinero asignado para pagar la deuda de las pensiones, las pensiones de los militares retirados y las devoluciones de IVA y de renta no están en línea con lo que al final se necesitará.

El caso pensiones

Para pagar las pensiones del INPEP y el ISSS, el Gobierno necesita endeudarse. Son casi $500 millones al año que se ocupan para pagar estas pensiones.

¿A quién le pide prestado el Gobierno? A los trabajadores que están cotizando con su salario. A través de las AFP toma ese dinero de los ahorros de los cotizantes. Pero como es una deuda, tiene que devolver el dinero con intereses y para eso la ley le permite pagar en cuotas durante 25 años.

Son estas cuotas las que paga con el presupuesto público, a través del Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público.

En el artículo 4 de la Ley del Presupuesto 2017, Hacienda consignó que para el Fondo de Amortización necesitarán $230 millones en el transcurso del año, sin embargo, designó solo $1,000. Es decir, los diputados aprobaron un gasto de $1,000 para cumplir con una obligación que, desde el principio, sabían que sumará $230 millones.

El artículo 4 tampoco indica de dónde van a sacar el dinero para llegar a la cantidad que necesitan, a pesar de que la Constitución lo exige (art. 227).

La práctica de poner una asignación menor al gasto que realmente se necesitará es una práctica vieja en el fisco salvadoreño, pero no había sucedido con el fondo que sirve para devolverle el dinero prestado a los trabajadores.

“Es, simple y llanamente, burlar –sin reparo alguno– los principios presupuestarios constitucionales, es hacer un fraude a la Constitución”, enfatiza el documento de la demanda.

Hacienda hizo exactamente lo mismo con el artículo 13 en la Ley del Presupuesto 2017, donde está el aporte para financiar las pensiones de los militares en retiro. En un principio los pagaba el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), pero sus problemas financieros obligaron al fisco a intervenir. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho en sobradas ocasiones que las pensiones de los militares en retiro no eran obligación de Hacienda.

Entonces, el fisco pidió $1,000 para un gasto que al final será de $52 millones, sin haber detallado de dónde podrían sacar el dinero que falta.

Sobre las devoluciones de IVA y renta, el presupuesto asignó $46 millones para un gasto estimado en $187 millones, aseguró Anaya.

La demanda plantea que se declare inconstitucional la Ley del Presupuesto 2017, con lo que entraría en vigor la Ley del Presupuesto 2016. Con este cambio habría $70 millones asignados para devolverle el dinero a los trabajadores que ahorran en las AFP.

Tags:

  • presupuesto 2017
  • demanda
  • Sala de lo Constitucional
  • fraude a la Constitucion

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