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Presupuesto de transferencias corrientes subió 35 % en 2021

El incremento entre el Presupuesto General votado por la Asamblea Legislativa y el modificado fue de $1,094 millones. Informe de Hacienda señala que ejecución de la inversión pública fue del 60 %.

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Modificaciones.  El presupuesto general de 2021 fue modificado para incrementar $1,096 millones.

Modificaciones. El presupuesto general de 2021 fue modificado para incrementar $1,096 millones.

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El informe de la ejecución presupuestaria de gastos a diciembre de 2021, del Ministerio de Hacienda, señala un incremento del 35 % en el monto final que se asignó para los gastos corrientes del Gobierno Central.

El documento señala que la Asamblea Legislativa votó por $5,655 millones para esa parte del Presupuesto General, pero se modificó a $6,591 millones para gastos corrientes, lo cual es un incremento de $936 millones, equivalentes al 16 %.

En el capítulo de gasto corriente se incluyen aspectos como pago de salarios de empleados públicos (remuneraciones), compra de bienes y servicios y transferencias corrientes. De este monto modificado se devengó un 96.3 %.

Particularmente se vieron incrementos —entre lo votado y lo modificado— en los gastos financieros (8.6 %) y las transferencias corrientes (34.6 %). Estas últimas pasaron de $1,946 millones a $2,620 millones, según datos de Hacienda.

Por lo general, las remuneraciones son más grandes que las transferencias corrientes, pero ahora es al contrario, lo cual, estaría influenciado por pago de la deuda pública.

"En las transferencias corrientes, hay que tomar en cuenta que el Estado hace de varios tipos como apoyo a las municipalidades , obligaciones, servicio de la deuda pública interna y externa, programa de erradicación de la pobreza entre otros", apunta al respecto Maritza Linares, analista del Centro de Monitoreo e Incidencia Fiscal (CEMIF).

Un analista económico que pidió resguardar su identidad explicó que el problema es cuando los gastos corrientes que eran al principio temporales se vuelven una obligación permanente y que son poco eficientes, esto pone mayor presión en las cuentas fiscales.

Por esto es que la actual administración debe ir contemplando aspectos de sostenibilidad fiscal para no depender solamente de financiamiento por préstamos y hay que buscar estrategias para equilibrar dichas finanzas.

Modificaciones

La asignación del Presupuesto General de Nación votada por la Asamblea Legislativa para 2021 fue de $7,420 millones; sin embargo, el monto del asignación modificada de este fue de $8,514 millones lo que significa que al final hubo un incremento de $1,094 millones.

Del total del presupuesto modificado $8,173 millones provinieron del fondo general de la nación, $292.4 millones de préstamos externos y $48.2 millones de donaciones.

De esta manera, el Órgano Legislativo pasó de una asignación votada de $58.3 millones a una modificada de $60.2 millones; el Órgano Judicial pasó de $341.4 millones a $349.5 millones; y el Ejecutivo de un presupuesto votado de $4,259 millones a $4,699 millones.

A diciembre del año pasado, la ejecución del Presupuesto General del Gobierno Central presentaba un avance del 90.3 % equivalente a $7,690 millones.

Linares asegura que es muy común que surjan estas modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio fiscal, pero lo importante es ver si esas modificaciones fueron eficientes y necesarias. Por ejemplo, en 2020 la asignación votada fue $6,408 millones y la modificada pasó a $8,124 millones.

Por otro lado, los gastos de capital, que es la inversión para obra pública que hace el Gobierno central, pasaron de $1,345 millones votados a $1,440 millones.

Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de ejecución devengada al final del año pasado fue solamente del 60 % (cuando en el año 2020, que fue lo más difícil de la pandemia alcanzaba el 80 %).

"La ejecución se cuenta con el presupuesto devengado porque la obra ya se entregó y se hizo el último pago. En teoría, se tendría mayor oportunidad de ejecución porque el dinero estaba asignado y fue un año más normal que en 2020", advierte un analista.

Ante este panorama, los expertos consultados coinciden en que siempre en tiempos de crisis, más ahora en la pandemia de covid-19, el Gobierno decide detener la ejecución de la mayoría de proyectos públicos por atender necesidades corrientes.

De hecho, ya un informe del Banco Interamericano de Desarrollo apuntaba que en los países en desarrollo, en tiempos de crisis, "se deja de construir el futuro por cubrir las necesidades del presente", como es el caso actual.

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