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Proponen una gestión mixta para regular el tema de aguas

El ente regulador que sería creado al aprobar una ley de agua tendría a representantes del Ejecutivo, las alcaldías y del sector productivo.
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La responsabilidad de gestionar el uso del agua ha sido el punto de inflexión en la aprobación de una ley que regule el recurso hídrico. Ayer, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó los avances que se han alcanzado en la mesa de diálogo que el sector productivo mantiene con el Gobierno.

“Para nosotros es importante la creación de una ley de aguas, pero también consideramos relevante la participación de los privados en la conformación del ente rector, para que las decisiones sean consensuadas y se evite la arbitrariedad en los procesos”, dijo Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO).

El ente rector que sería creado tendría competencias para entregar permisos de uso del agua. La propuesta es que incluya a tres personas del Ejecutivo, dos de las alcaldías y dos del sector privado. Dicho ente sería una autónoma que también creará un fondo con dinero de sanciones y multas, así como un sistema de información y registro hídrico.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de ANEP, explicó que más allá de las negociaciones que se han hecho con el Ministerio de Medio Ambiente y con COMURES, la decisión la tomarán los diputados de la Asamblea Legislativa. De hecho, aunque los diputados conocen de esa negociación, no se ha sometido ninguna propuesta a la comisión de medio ambiente, según explicó Johnny Wright Sol.

Por otra parte, el diputado explicó que los acuerdos entre ANEP y el Ejecutivo no son garantía de que se agilice el proceso en el parlamento: “No es novedad que haya una marcada diferencia entre acuerdos logrados por representantes del Ejecutivo y luego encuentran resistencia en la fracción legislativa”.

La comisión está estudiando tres propuestas: una realizada por una asociación de regantes, otra del Foro de Agua y una presentada por el Gobierno. El 8 de noviembre se realizará un taller con la cooperación española, para analizar los impases que hay en la discusión, afirmó Wright Sol. En esa línea, explicó que la ley debe servir para aplicar nuevas exigencias para corregir la contaminación de los cuerpos de agua, algo que requerirá inversiones de las empresas, por lo que se deben tomar en cuenta las capacidades que estas tienen para que los cambios se apliquen.

Johnny Wright Sol agregó que además de la rectoría hay otros temas que se tienen que abordar, como el rol que debe tener ANDA.

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