Puerto Rico denunciará ante la ONU la ley impuesta por EUA

Según autoridades, la ley encarece el transporte marítimo entre un 25 % y un 40 %.
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Puerto Rico denunciará ante la ONU la Ley de Cabotaje impuesta por EUA, que obliga a que los barcos que transportan mercancía a la isla sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, lo que, según sus datos, encarece el transporte entre un 25 % y un 40% y lastra la economía local.

El Senado de Puerto Rico aprobó ayer impulsar una petición ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para reclamar que se ponga fin a la aplicación de esta ley, vigente desde 1900.

La legisladora y presidenta de la comisión de derechos civiles, participación ciudadana y economía social del Senado, Rossana López León, dijo ayer a Efe, poco antes de defender su propuesta ante la cámara alta, que la denuncia ante la ONU responde a la supuesta violación de los derechos civiles de los puertorriqueños que supone esa norma.

El informe deberá ser enviado ahora al Comité de Descolonización de la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la situación sea considerada como asunto de vital importancia económica y civil para los puertorriqueños.

Con la iniciativa se busca acabar una normativa que le cuesta a Puerto Rico más de $200 millones anuales, por el hecho de no tener otra alternativa posible al uso de la marina mercante de EUA, lo que encarece el conjunto del transporte entre un 25 % y un 40 %.

La legisladora denunció: “No hay barcos suficientes para traer a Puerto Rico los alimentos frescos que se necesitan debido a una evidente falta de capacidad de las tres compañías que ofrecen en la actualidad este servicio”.

“Se trata de un asunto trascendental para el desarrollo económico de Puerto Rico y que pone en riesgo nuestra vulnerabilidad”, subrayó la legisladora.

Entre las medidas aprobadas ayer también está la de reclamar una exención administrativa a las autoridades de EUA que permita de forma temporal dejar sin efecto la Ley de Cabotaje.

Además, se ha acordado que el Departamento de Justicia de Puerto Rico evalúe la puesta en marcha de medidas ante los tribunales federales de EUA por considerar que la ley supone una restricción al desarrollo.

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