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"Queríamos una ley más agresiva hacia la burocracia”: Carmen Aída de Meardi presidenta ejecutiva de La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio

La presidenta ejecutiva de CIFACIL dice que el sector privado deseaba una norma con más "dientes" para eliminar trámites excesivos, y con un OMR más "empoderado".

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"Queríamos una ley más agresiva hacia la burocracia”: Carmen Aída de Meardi presidenta ejecutiva de La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio

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El Salvador cuenta desde hace unas semanas con una Ley de Mejora Regulatoria con la que se crea el sistema con el que se busca eliminar en el país la burocracia excesiva y los costos que esta genera para la ciudadanía y las empresas. CIFACIL es la organización que representa a las gremiales de sectores productivos como el exportador, la industria y el comercio. Su presidenta ejecutiva, Carmen Aída de Meardi, espera que muy pronto se produzcan resultados del trabajo que se ha venido haciendo con el OMR durante los últimos años para comenzar a eliminar los trámites innecesarios y que por ahora complican el quehacer de las empresas, según sostiene.

¿Cuál es la opinión de CIFACIL respecto a la Ley de Mejora Regulatoria?

Participamos en el proceso con el OMR, algunas instituciones del Ejecutivo, fuimos artículo por artículo. Sin embargo, en los temas sensibles fue donde ya no se logró lo que CIFACIL hubiera esperado. Trabajamos previamente dos temas de CIFACIL, que fue lo relacionado con las diferencias de peso y las muestras. En las evaluaciones de impacto regulatorio, al analizar la ley en esa parte, si el dictamen es favorable, un ministro presenta una iniciativa de una nueva regulación, se hace una evaluación de impacto regulatorio, y si es favorable el dictamen no hay problema porque quiere decir que tiene más beneficios que costos esa disposición. Pero si es desfavorable, entonces, queda a potestad del ministro si la ajusta o no, si la modifica o no. Nosotros decíamos que esos casos se nos van a dar, y de hecho se nos dieron, porque en la disposición de pesos y de muestras el ministro de ese entonces dijo que eso no podía ser. No se implementó como se decía o hubo problema para hacerlo. Proponíamos que además del ministro se fuera a una instancia superior, digamos que el presidente conociera esto y que él dijera ‘esto trae un beneficio, impleméntenlo’. Pero esa parte vinculante en los casos en que el dictamen no es favorable, se nos dijo que legalmente no se podía, porque no se podía quitar atribuciones de las instituciones. Por eso decimos que es una ley "guillotina"; pero que guillotina no va a tener filo en esos casos, porque queda a discreción de los funcionarios cuando el dictamen no es favorable. Es así como ha quedado. No era lo que nosotros hubiéramos esperado. Queríamos algo más agresivo, más de verdad de "guillotina" porque la burocracia realmente, no solo para las empresas, sino para el ciudadano, es excesiva. Se estaba dando un mensaje de facilitar de verdad los negocios. Sin embargo, es el escenario que tenemos; vamos a ver cómo se da en la operatividad.

¿Hay otros puntos sensibles para ustedes?

En la parte correctiva, cuando ya existe una regulación y de repente uno dice por qué me piden esto, cuál es el sustento legal, la otra herramienta totalmente buena es el Tribunal para la Eliminación de Barrera Burocrática. Uno iba al tribunal y llevaba su caso, y decía ‘mire, me han detenido esta mercadería porque me están pidiendo x o y requisito’ y es adónde está, cuál es el sustento legal. Al menos en la admisión se debería suspender el acto, o sea, que esa mercadería pudiera ingresar en lo que se averiguaba si tenía o no el sustento legal. Pero también se nos dijo que eso legalmente no era posible, que debe seguir todo un procedimiento de plazos. Es ahí donde se da el plazo para admitirla, hace la consulta a la cartera, y el ministerio debe de comprobar si tiene un sustento legal, y de ahí viene el conteo de los 65 días. Sentíamos que era mucho tiempo. Pero fueron largas discusiones. Fue lo mejor que se pudo sacar.

¿A partir de cuándo esperan resultados?

Esperamos que la culminación de todo este trabajo que se ha hecho casi por dos años, realmente, lo empecemos a ver. Iniciamos en julio de 2017 la fase preparatoria. Se suponía que en diciembre de 2018 iba a haber alguna implementación ya de algunas medidas. Cuando vimos el mapa (de implementación) con los tiempos de mejora regulatoria sentimos que son tiempos bien largos. En la fase de los trámites identificados sí nos gustaría ver ya si ya hay alguna evaluación de impacto regulatorio.

¿Cómo ven el rol o roles que va a tener el Organismo de Mejora Regulatoria?

El Organismo de Mejora Regulatoria debería ser un ente técnico que evalué la calidad de las regulaciones, los trámites y los requisitos existentes; y que a su vez pueda determinar si los trámites y requisitos van acorde a los beneficios, y si no lo son, deberían eliminarse. Pero en la Ley de Mejora Regulatoria quedó limitada su competencia, y el ente se vuelve meramente consultivo. Es decir que después del proceso que conllevan las evaluaciones de impacto regulatorio, únicamente emitirá recomendaciones a la institución que dictó la regulación y esta decidirá si aplica o no la recomendación del OMR.

Antes era un ente que existía por decreto ejecutivo, y que ahora se vuelve permanente. ¿Eso cómo se ve?

Por eso queríamos empoderar más al OMR, que tuviese como más carácter, más fuerza. Pero incluso ellos tuvieron una consultoría, vieron cómo funcionaba (en) México, entiendo que fueron a Perú. Ellos decían miren ‘es que el OMR solo es un ente consultivo’, entonces no se recogió el nivel de urgencia que tiene para nosotros una excesiva burocracia que hay. Por ejemplo, en el caso de unos permisos de funcionamiento de las empresas. Una empresas para funcionar, y que siga generando trabajo y exportaciones, requiere permisos de funcionamiento. Esa es una regulación que ya existe. Dice la ley que el OMR puede revisar regulaciones que ya estén vigentes. En este caso el Ministerio de Salud da un permiso de instalación y funcionamiento de las empresas, se revisa si tienen condiciones de salubridad, de infraestructura. Este permiso tiene una vigencia de tres años, el Ministerio de Trabajo para la inscripción del establecimiento tiene vigencia de un año, los comités de trabajo que se forman tienen vigencia de dos años. Los bomberos también llegan y hacen un plan de seguridad anual, el Ministerio de la Defensa, Medio Ambiente y la PNC también, si hay permisos de importación de sustancias químicas para el almacenamiento cuando estas se usan como materias primas, hay un proceso controlado. Estos son como trámites integrados, que son varias instituciones que al final dicen esta industria cumple para seguir funcionando. ¿Qué va a pasar si al final una evaluación de impacto regulatorio dice ‘se tienen que integrar, no tienen que repetir procesos, tiene que ser un solo permiso que involucre Salud, Medio Ambiente, porque eso es facilitar, hacer una sola gestión? Qué va a pasar si sale que lo que existe ahorita es desfavorable porque representa más costos que beneficios para el país en el balance que se hace, y qué va a pasar cuando le pregunten a cada institución ‘esto tiene una ley’, entonces lo tiene que quitar, o mejoremos la regulación y alguien dice que no. Ahí es donde no está lo vinculante. Ahí es donde nosotros veíamos el vacío, que se queda como muy corto.

En la Ley de Mejora Regulatoria se menciona que se va a consultar a una representación del sector privado. ¿Eso no le daría incidencia al sector privado dentro del quehacer del Organismo de Mejora Regulatoria?

Son comités consultivos. Esto nosotros lo propusimos y costó que quedara, porque incluso le decíamos que es bueno que esté alguien con el director del OMR, porque muchas veces el nivel de apoyo que debe de tener va ir más allá, que se tomen en cuenta las recomendaciones del OMR. Pero quedamos como un comité consultivo, porque por la misma ley no se puede incidir en las decisiones ministeriales.

Hoy las instituciones van a tener que presentar planes anuales.

Eso es positivo. Debe de hacer primero un inventario, y debe de hacer un trabajo de si eso tiene un sustento legal o no. De ahí hacer una plan en donde progresivamente vamos a ir cambiando para que se norme correctamente. Esas fases es donde entendería que estos dos años el OMR ya hizo una investigación, un primer inventario de trámites y el plan de mejora regulatoria porque lo han venido trabajando. Ahorita nos gustaría ver por cuáles vamos a empezar o si ya lo hicieron. Quisiéramos ver cómo van a arrancar. Cada institución debe nombrar un oficial de cumplimiento, y esta persona debe tener la fuerza y responsabilidad de cumplir, aunque la institución esté en contra; tiene que tener independencia.

En el mismo (período en) que se aprobó la Ley de Mejora Regulatoria se aprobó la Ley del Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿Esa surge a propuesta del sector privado? ¿Cuál es la idea?

Es un ente correctivo de manera de que si ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Salud el 2 de febrero de 2017 pone en su página web que solo el laboratorio de análisis de alimentos y bebidas se va a reconocer como el autorizado, y se dejan fuera todos los laboratorios privados. Esa normativa la llevo al tribunal y digo: ¿cuál es la base legal del ministerio? Puede ser que el tribunal diga ‘la base es su propia ley de salud’, pero al analizar en la ley no dice que debe ser exclusivamente el laboratorio de Ministerio de Salud, porque en la mayoría de países se trabaja con certificaciones. Lo que sucede es que ahora el laboratorio de Salud tiene poco personal para la cantidad de muestras que se llevan en temporadas altas, sus plazos de análisis son muy largos. El tribunal en el plazo establecido deberá dictaminar si esa disposición fue correcta o no. Pero antes no teníamos esa institución.

La transición del Organismo de Mejora Regulatoria a un ente permanente ha coincidido con la transición hacia un nuevo gobierno. ¿Ustedes están interesados en reunirse con la nueva administración para hablar sobre este tema?

Vamos a esperar que definan a las autoridades. De nuestras primeras acciones es llevar este tema de mejora regulatoria para que ellos (el nuevo gobierno) lo conozcan, tengan nuestra opinión. Incluso, tanto ellos como nosotros nos pongamos al día de lo que ha hecho el OMR, porque hasta la fecha a nosotros al menos como CIFACIL no se nos ha informado nada. Solo trabajamos el año pasado en la definición de la ley y en esas diferencias que teníamos, pero de ahí para acá nos enteramos por lo que publican en la página web. Le vamos a proponer al nuevo gobierno que consideren nuestras propuestas. Vamos a esperar a las nuevas autoridades para hablarles de estos temas que son importantes.

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