Lo más visto

Rechazan crear nuevos títulos de deuda previsional

COMTRADEFOP afirma que la propuesta de Hacienda para que se pueda emitir más instrumentos de deuda además de CIP contraría fallo de Sala Constitucional.
Enlace copiado
Diferentes enfoques. La reforma de pensiones es un tema de debate en los 
últimos meses en El Salvador.

Diferentes enfoques. La reforma de pensiones es un tema de debate en los últimos meses en El Salvador.

Enlace copiado
El M inis terio de Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa aprobar un decreto para que el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) pueda emitir otros títulos valores a aparte de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). El borrador del decreto fue enviado al parlamento la semana pasada.

Las AFP están obligadas por ley a comprar los CIP y de esa forma le prestan al Gobierno el dinero de los ahorros de los trabajadores; para que este pueda cumplir con pagos del antiguo sistema de pensiones. Pero, hay un límite de cuánto se puede prestar.

A juicio del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP), con la iniciativa que propuso Hacienda se “burlan” las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio pasado dispuso que no se podía aumentar del 45 % al 50 % el límite de compra de los CIP con los fondos ahorrados por los trabajadores para su pensión.

“Con la nueva iniciativa de CAPRES (la casa de Gobierno) se busca sortear o burlar tal decisión, autorizando a que el FOP emita, no solo CIP, sino también otros títulos”, indicó COMTRADEFOP en un comunicado. El FOP se creó en 2006 con el fin de que este emitieran títulos que las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben comprar por ley. Con los recursos obtenidos se pagan las pensiones del ISSS y el INPEP; a cambio, el Estado paga una tasa de interés a los trabajadores.

Sin embargo, en los últimos años los intereses reconocidos fueron bajos, lo que significó que cientos de millones no ingresaran a las cuentas de los trabajadores. “Es impresionante que CAPRES asuma que con el simple cambio de nombre de los títulos valores que emita el FOP se supera la prohibición que dispuso la sala de no superar el límite máximo del 45 %”, indicó COMTRADEFOP. Hacienda plantea que se pueden crear certificados previsionales complementarios, bonos FOP, entre otros instrumentos.

“No existe en el texto del decreto una obligación legal de compra, pero conociendo la realidad del país, estimamos que o se va a presionar a las AFP para que compren ese tipo de títulos o se va a utilizar como un discurso ‘ya ven, las AFP no nos quieren comprar los nuevos certificados y por eso no podemos pagar pensiones’”, opinó Enrique Anaya, abogado de COMTRADEFOP.

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha declarado que el Gobierno cumplirá con los pagos de intereses por CIP a los trabajadores previsto para octubre próximo.

Reforma al sistema de pensiones

Mientras se acumulan las propuestas de reforma al sistema de pensiones y siguen las discusiones de los diputados y las campañas en apoyo a uno u otro modelo, el tiempo para realizar los cambios se agota. Actualmente el Gobierno paga las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP a través de la venta de los CIP de serie A, que las AFP compran por ley.

Las AFP solo pueden utilizar hasta el 45 % de los fondos de pensión para comprar los CIP serie A. Cuanto terminó 2016, ya el 43.4 % de los ahorros se había usado para comprar estos instrumentos.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS) ya había advertido que este mes la AFP Confía llegaría al límite y no podría comprar más CIP serie A, mientras que la AFP Crecer podría mantener las compras hasta febrero de 2018. Después de esto se complicaría más pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema.

El problema es que lo que el Gobierno paga por estos papeles es mucho más bajo que lo que le pagaría a otro inversionista, lo que significa que los ahorros de los trabajadores no crecen lo suficiente.

Un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advierte que esto no inhabilita al Gobierno a seguir tomando dinero, aun cuando ya está cerca de llegar al techo de 45 %. Esto se debe a que en 2018, el fondo de pensiones crecerá hasta casi $11,000 millones, con lo cual el Gobierno tendrá un margen para tomar otros $380 millones.

Recientemente el Gobierno propuso un sistema en el que se incrementa lo que los trabajadores ahorran de su salario y lo que las empresas aportan, pero el dinero, en vez de ir todo a la cuenta individual, se divide en dos partes desiguales. Si alguien tuviera un salario, por ejemplo de $100, estaría cotizando $15 cada mes para su pensión futura, de esos $15, la empresa aportaría $7.75 y la persona $7.25.

De esos $15, unos $5.50 irían a la cuenta individual del trabajador, mientras que los $8 irían a una cuenta individual pero que estaría dentro de un fondo colectivo. Esto significa que ese dinero siempre sería propiedad del trabajador pero el Gobierno podría utilizarlo para pagar las obligaciones del antiguo sistema de pensiones.

René Novelino, presidente de ASAFONDOS, durante una entrevista en Canal 21 criticó la propuesta del Ejecutivo porque se “prioriza utilizar el dinero actual para pagar las obligaciones en curso del Estado, pero no hay una fuente de financiamiento garantizada para las pensiones de futuro, porque no es que usted está conformando una, una reservita para estas personas, sino que está utilizando el dinero, y lo que queda es la promesa de que el Estado va a pagar”.

En esa línea, Novelino agregó que la propuesta del Estado implica un carácter “decreciente” para las pensiones, es decir que cada vez irán reduciendo su valor hasta llegar a un valor mínimo. El presidente de la gremial, en contraste, defendió la propuesta que elaboró la Iniciativa Ciudadana de Pensiones, en donde ASAFONDOS participó junto a FUSADES.

En dicha propuesta se incluye un fondo similar al del Gobierno, que se llamaría la Reserva para la Pensión Vitalicia (RPV). La cotización siempre se dividiría en dos partes, pero la parte mayor iría a la cuenta del trabajador en la AFP mientras que la menor iría a alimentar esta RPV, que sería colectiva, es decir que no habría cuentas individuales dentro de ese fondo.

El dinero que está en la RPV se utilizará para pagar la pensión de los “optados”, es decir aquellos que cotizaron en ambos sistemas y de los cotizantes en el actual sistema para cuando se les termine su ahorro individual. Novelino insistió en que esa reserva permitiría la sostenibilidad de la pensión.

Eduardo Melinsky, actuario, sostuvo que aunque la ICP propone la RPV que sería una especie de garantía solidaria de las pensiones, el dinero que se destinaría para esa cuenta ya no estaría a nombre del trabajador. “Esos recursos que se trasladan a la cuenta de garantía solidaria (RPV) no forman parte de la cuenta de capitalización ni de cuentas de registro del trabajador, salen del sistema y constituyen una carga al trabajador para financiar la seguridad social”, dijo.

Además, explicó que la RPV se alimentaría con menos dinero que el fondo que propone el Gobierno, entonces, “no se cubren todas las obligaciones del Estado, o sea, se traslada al Estado”.

Lee también

Comentarios