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Rechazan reforma que permite uso de fondos de pensiones para pagar deuda

Organizaciones de la llamada Iniciativa Ciudadana afirman que las pensiones del ISSS e INPEP no están en riesgo. Dicen que el Gobierno se quiere desatender de esta obligación.
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Función. Las AFP se encargan de administrar las cotizaciones que mes a mes aportan los trabajadores.

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Rechazan reforma que permite uso de fondos de pensiones para pagar deuda

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La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) rechazó ayer el pliego de reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que aprobó la semana pasada la Asamblea Legislativa y que permite usar los ahorros para pensión para pagar la deuda con los mismos fondos. El grupo de organizaciones aclaró que con la reforma el Gobierno no buscaba asegurar el pago de las pensiones de 160,000 jubilados del antiguo sistema, y mas bien intenta cubrir la responsabilidad de un pago que ya estaba programado.

La ICP está conformada por el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Varios partidos votaron hace una semana para reformar varios artículos de la ley con las que se autoriza al fideicomiso emitir nuevos títulos conocidos como Certificados de Inversión Previsional (CIP), para pagar $71 millones de capital e intereses de anteriores emisiones de estos mismos instrumentos.

En 2006, durante el gobierno de Antonio Saca, se aprobó la creación de un mecanismo mediante el cual las dos Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) compran con el dinero ahorrado por los cotizantes los CIP que emite el Gobierno, y con los recursos que se generan de la operación pagar las pensiones de los jubilados del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) e Instituto Salvadoreño de Seguro Social. A cambio, el Estado se comprometió a pagar capital e intereses. Pero a partir de los cambios a la ley, los recursos saldrán de los mismos fondos de pensiones.

“El problema que se afronta en el país no es porque no hubiera dinero para pagar pensiones a estas 160,000 personas. El tema es que en el presupuesto general de la nación aprobado para 2016 no incluyeron una partida suficiente, para que el Estado cumpliera con su responsabilidad de remitir al FOP la suma necesaria para pagar intereses y abonar a capital, según el programa de pago previamente establecido para esas emisiones”, afirmó René Novellino, presidente de ASAFONDOS.

“La disposición que se tomó no debe interpretarse como un financiamiento para el pago de pensiones, sino como un financiamiento de un gasto público ordinario y en ese sentido nos parece inconveniente que se esté estableciendo que el Estado, a partir de ahora, se estaría desentendiendo de su obligación constitucional de financiar el pago de una deuda que se ha comprometido a respaldar”, añadió Novellino.

Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, aseguró por su parte que los problemas que enfrentan las finanzas públicas surgen por la presentación de presupuestos donde se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos. Para Simán, antes que promover una reforma como la que aprobó el Gobierno pudo haber hecho uso de $500 millones que tenía disponible en diferentes cuentas del sistema financiero o haber emitido LETES, ya que aún contaba con una disponibilidad para colocar $300 millones. “No es cierto que este pago de $71 millones forzó a tener que someter esta reforma, mas bien fue un aprovechamiento irresponsable para introducir cambios que dejan malos precedentes y que vuelven insostenible el sistema de ahorro de los trabajadores”, apuntó.

Ayer, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo en la entrevista de Canal 33 que esta reforma será “temporal” y que con la misma se busca dar tiempo para discutir una reforma integral al sistema de pensiones. Según Chicas, la reforma fue una salida “inteligente” del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ante la urgencia de pagar $71 millones de los CIP.

“Ya inició el robo del siglo. Este es el primer paso para quitar el dinero a los trabajadores, incluyendo a los pensionados”, aseveró Ricardo Soriano, presidente de COMTRADEFOP, quien pidió a los diputados derogar el decreto que aprobaron “para que el Gobierno no se apropie del dinero de los trabajadores”.

Este grupo de sindicatos y la ANEP han presentado, por separado, recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que con la reforma se atenta contra varios principios contenidos en el marco jurídico salvadoreño.

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