Reforma de pensiones: Faltan garantías de transparencia en uso de ahorros

El Gobierno captará más de $4,000 millones para el sistema mixto, pero la propuesta de reforma no describe cómo controlarán el uso del dinero ni cómo financiarán el pago de las pensiones vigentes.
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La propuesta que elaboró el Ministerio de Hacienda (MH) para crear un sistema mixto de pensiones no incluye ningún mecanismo de control sobre los fondos que podría extraer el Gobierno de los ahorros de los trabajadores ni tampoco aclara cómo pagarán a los jubilados actuales. El MH llevó un decreto con el proyecto de ley el miércoles 24 de febrero a la Asamblea Legislativa y ya está disponible para el público.

De acuerdo con el Título III bis del documento que contiene la propuesta de reforma, el Gobierno creará un Instituto Nacional de Pensiones (INP) que funcionará junto con las AFP. Los trabajadores actuales y futuros pasarían su ahorro a estas dos entidades al mismo tiempo, de manera obligatoria, y por esa administración público-privada de las cotizaciones es que el sistema se llama mixto.

El artículo 77 del proyecto de reforma establece que para dar sustento financiero al INP, el Gobierno tomará dinero del fondo de pensiones, donde están reunidos los ahorros de los trabajadores desde 1998. Además, los artículos 232-S y 232-T describen cómo las cuentas individuales de ahorro y las cotizaciones se convertirán en el fondo común del régimen de reparto. El fondo común pasa a ser propiedad del Estado y no del cotizante, tal cual sucede con los regímenes de reparto y según lo plantea la misma propuesta de reforma.

René Novellino, presidente de ASAFONDOS, advirtió que en el texto que han divulgado de la reforma no aparece ninguna garantía del uso que darán a los ahorros y cotizaciones dentro del INP. “A la lectura del decreto, no queda claro cuál sería el destino de ese dinero. Lo que sí queda claro es que los trabajadores perderíamos la propiedad de $4,700 millones”, dijo Novellino en la entrevista con Telecorporación Salvadoreña.

“En un esquema público el dinero es de todos y es de nadie, y ya vimos en el pasado qué sucede con ese tipo de esquemas, que una cosa es prometer y otra cosa es tener plata para cumplir”, manifestó Novellino sobre el documento.

Las personas que tengan un salario máximo de $504 al mes pasarán todo su ahorro para pensiones al INP y después todas sus cotizaciones futuras llegarán a esa misma entidad. El sector privado estima que, con este movimiento o traslado de cuentas de ahorro, el INP absorberá de una vez $4,700 millones y tendrá al 78 % en su lista de los cotizantes actuales. En enero pasado, el fondo de pensiones había acumulado $8,696.60 millones en patrimonio y las AFP reportaron 682,764 cotizantes, según la información oficial.

En el proyecto de decreto, que se puede consultar en internet, no hay ninguna mención sobre cómo habrá control del dinero que recolectará el INP ni tampoco qué mecanismos crearán para garantizar que lo utilizarán solo para pensiones. “De acuerdo con la redacción del proyecto de decreto, no queda claro cuánto de ese dinero se utilizaría para borrar deuda o cuánto se utilizaría por parte del Estado para obtener dinero”, subrayó Novellino.

Pago a los jubilados

Por su parte, Enrique Anaya Barraza, abogado que representa al Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones (COMTRADEFOP), señaló que en el proyecto de reforma no queda claro cómo pagarán las pensiones de los que ya están jubilados con los beneficios del esquema ISSS e INPEP, el que funcionó desde 1964 hasta 1998.

Desde que cambió el sistema, el Gobierno paga las pensiones de los jubilados del sistema ISSS e INPEP con deuda pública. Primero usaron bonos, como asegura MH, y después crearon un mecanismo de endeudamiento programado, bajo la figura del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Dentro del FOP, el MH coloca unos Certificados de Inversión Previsional (CIP) de dos series y las AFP deben comprarlos todos por mandato de ley. Así, el Gobierno capta fondos para sus obligaciones con los pensionados y las AFP cumplen con su obligación de poner a “invertir” los ahorros de los trabajadores.

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 77, los CIP en poder de las AFP deberán pasar al INP y desde ahí terminarán en el FOP. Esta ruta de los CIP permitirá que el Gobierno reduzca el saldo de su deuda, pero no aclara cómo piensan sustituir la fuente de ingresos para cumplir con los jubilados del ISSS e INPEP.

“No hay disposición que indique de dónde van a financiar al sistema previo, el público”, señaló Anaya. El abogado resaltó que el texto que presentó Hacienda en la Asamblea Legislativa incluye solo a las personas que absorberá el sistema mixto, es decir, a unos 535,555 cotizantes de las AFP y a los futuros trabajadores que se inscriban en el INP.

Anaya detalló que están listos para presentar este día un escrito al presidente de la República. El objetivo de la misiva es impedir la sanción de la propuesta para subir la rentabilidad del fondo de pensiones en 3.5 % este año y aumentar otra cantidad en los años siguientes. Los diputados aprobaron esta propuesta de Hacienda la semana pasada, pero Anaya considera que el planteamiento de Hacienda no respeta la sentencia que la Sala de lo Constitucional que la Corte Suprema de Justicia emitió en diciembre de 2014.

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