Reforma debe paliar lo fiscal y previsional

Expertos dicen que no se puede sacrificar el bienestar de los ahorrantes y tampoco dejar desatendido el problema tributario. Trabajadores postergan sus retiros.
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La reforma en el sistema de pensiones de El Salvador debe resolver tanto el problema fiscal generado por la deuda previsional, como el bienestar y seguridad de los actuales y futuros jubilados, afirmaron expertos en el tema.

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La Asamblea Legislativa tiene en su poder cuatro propuestas: la presentada por el Ejecutivo, la de la denominada Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP, mayoritariamente entidades del sector privado), la del partido GANA y una elaborada por confederaciones, federaciones y sindicatos de trabajadores. Los diputados llevan año y medio con el tema sobre la mesa sin alcanzar acuerdos. Además, el Gobierno modificó recientemente su propia propuesta y dejó atrás su intento por establecer un sistema mixto, público y privado, de pensiones.

Para María Elena Rivera, de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), hay áreas específicas que no deben dejarse fuera de la reforma. “El Salvador necesita mejorar el pilar no contributivo, que haya mayor rentabilidad de los fondos y atender los problemas de inequidad de género”, resumió.

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Rivera explicó que países como Chile y Argentina han echado a andar su propias “re-reformas” en tema previsional con resultados diversos. En Chile, por ejemplo, se han corregido problemas del sistema de capitalización individual y se fortalecieron las pensiones no contributivas, además de establecer herramientas como los bonos de maternidad para compensar el impacto en los ahorros previsionales de las mujeres durante ese periodo.

En Argentina, donde hubo una renacionalización de las pensiones, el elemento a destacar es que hubo muy poco diálogo, y a la fecha hay poca información pública disponible para evaluar el impacto, indicó la investigadora.

El problema fiscal

Para FUNDAUNGO, los ejemplos de Uruguay y Costa Rica pueden ser analizados para la discusión salvadoreña. Estos países han establecido modelos multipilares en los que el pilar contributivo coexiste con uno solidario, para cubrir a la población que es demasiado pobre como para tener su propio ahorro.

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La entidad cree que al lado de medidas que mejoren la perspectiva de las pensiones futuras, como reducir las comisiones de las AFP, mejorar la rentabilidad de los fondos y fomentar la competencia en el área de la administración de estos, se debe reforzar la sostenibilidad financiera actuarial del sistema.

Que un sistema de pensiones no sea sostenible en sí mismo hace que la carga recaiga en el Estado, como pasó con el costo de transición del paso de un sistema público a uno privado en 1998. El Estado salvadoreño acumula una deuda de pensiones que ronda $24,000 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo propone que los ahorros para pensión se dividan en dos fondos: uno con cuentas individuales y otro común. Este último se nutriría con un 50 % del saldo actual de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP, y un 59 % de sus ahorros futuros, y con este dinero se pagarían las pensiones mínimas, las del sector público y otras obligaciones que actualmente recaen en el Estado.

El saldo que se sacaría de las cuentas individuales de los cotizantes se registraría en las denominadas cuentas “nocionales”, que deberían estar disponibles al momento que el trabajador las requiera.

“Desde el año uno, el flujo de este fondo es deficitario y se necesitaría aporte de otros recursos para apuntalarlo, pero cuando uno lee el proyecto de decreto se han cuidado de limitar las responsabilidades del Estado y que el aporte no puede ser mayor al 5 % incluyendo el servicio de deuda con los fondos de pensión, lo que ya representa cerca del 5 % del presupuesto”, indicó René Novellino, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS).

ASAFONDOS, parte de la ICP, en su propuesta aboga por el mantenimiento de las cuentas individuales de los trabajadores y por la creación de una reserva de pensión vitalicia. La reserva se formaría con un aporte equivalente al 5 % del ingreso de cada cotizante, y con ella se pagarían las pensiones mínimas, los complementos de los jubilados optados (que actualmente paga el Estado).

Con esta misma reserva se garantizará, según la ICP, que al acabarse los ahorros de los futuros jubilados estos no reciban una pensión mínima, sino que mantengan el mismo monto con el que se retiren.

Luz María de Portillo, expresidenta del Banco Central de Reserva (BCR) e investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), dijo que esta propuesta permitirá que haya pensiones mejores y sostenibles, acceso anticipado a los fondos, cobertura de salud con el ISSS para quienes no alcancen pensión, mejores beneficios para las mujeres y una mayor cobertura.

Mientras la discusión continúa, cientos de trabajadores han decidido postergar sus procesos de retiro. Ricardo Soriano, del Comité de Trabajadores para la Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP), dijo que están esperando a que haya una reforma que garantice mejores condiciones.

Paz Zetino, de Bases Magisteriales, explicó que los maestros están dejando a medias sus trámites al darse cuenta que con el sistema actual obtendrán tasas de reemplazo del 27 % de sus últimos salarios.
 

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