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Reformas protegen contra cobro injuriante

La Defensoría del Consumidor ha lanzado una campaña para explicar los alcances de las últimas reformas aprobadas.

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Reformas en la Ley de Protección al Consumidor

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Si alguna vez ha recibido llamadas de cobro amenazantes o si ha sido insultado porque se atrasó en alguno de sus pagos, sepa que eso es un delito. Las reformas a la Ley de Protección al Consumidor aprobadas el 5 de julio pasado y que entraron en vigor el 7 de agosto las califican como "prácticas abusivas" y constituyen infracciones muy graves que se sancionan con una multa de hasta 500 salarios mínimos urbanos de la industria, es decir, $152,085.

De acuerdo con Paula Olivares, directora jurídica de la Defensoría del Consumidor, la última reforma incluyó en la protección de las llamadas injuriantes no solo al deudor, sino también al codeudor, al fiador y a los familiares de todos ellos. Es decir, que está prohibido que realicen un cobro de manera difamante o injuriante, o que utilicen medidas como coacción física (golpes) o morales. Algunas de estas últimas, apunta Olivares, llegan al extremo de llegar a cobrarle al jefe del deudor o interponer el cobro ante las oficinas de recursos humanos para humillar al cliente y obligarlo, por vergüenza, a pagar.

El literal f del artículo 18 de la ley también prohíbe la publicación de fotografías, nombres y datos personales de deudores, en cualquier plataforma. Esto que también vale para personas naturales también está prohibido para empresas que han incumplido sus obligaciones crediticias.

"Esta prohibición también es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a gestiones de cobro", señala la última parte del artículo. Es decir, a los bufetes de cobros o agencias de cobro externo.

Al respecto de las sanciones, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, asegura que "no nos va a temblar la mano" para aplicar las sanciones.

Salazar sostiene que el respeto de los derechos del consumidor llevará tranquilidad a todas las relaciones contractuales a su alrededor.

En las reformas aprobadas hay obligaciones especiales de los proveedores de servicios financieros, que incluyen la obligatoriedad de entregar hasta tres veces por año (si el cliente lo solicita) el historial de crédito.

Un banco o una casa comercial, además, quedan obligados a entregar a un consumidor, hasta tres veces al año y sin ningún costo, el historial de pagos. En ambos casos, no hacerlo equivale a una falta leve, con una sanción de $15,208.50.

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