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Reportan 16 casos de incumplimiento tras fijación de precios de combustibles

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, amenazó con cierres y condenas penales para los empresarios que no cumplan la ley.

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Foto: Cortesía

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La Defensoría del Consumidor (DC), la Dirección de Hidrocarburos del ministerio de Economía (MINEC) y la Dirección General de Impuestos Internos del ministerio de Hacienda realizaron este martes un despliegue de sus equipos para verificar que los precios de los combustibles fijados a través de una ley transitoria la noche de ayer lunes se cumplan.

Según informó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, son 16 los avisos que han recibido de estaciones de servicio en las que no están cobrando el precio fijado. 

Los casos han sido reportados en los departamentos de Santa Ana, San Miguel, San Vicente y San Salvador, a donde según indicó ya se desplazaron sus aquipos para hacer las respectivas verificaciones y de ser el caso serían sancionados conforme a la ley aprobada.

Estas multas, según detalló la ministra de Economía, María Luisa Hayem, serían de 500 salarios mínimos para las empresas distribuidoras y de 200 salarios mínimos a las estaciones de servicio.

"La ley aprobada ayer le da la potestad al ministerio de Economía para sancionar cualquier hallazgo que se econtrara donde no se esté cumpliendo con la ley", dijo Hayem.

Además, aseguró que desde que se aprobaron el pasado 10 de marzo las 11 medidas para combatir la crisis económica en El Salvador, el MINEC ha realizado 10 mil inspecciones y han encontrado irregularidades en 50 gasolineras y puntos de ventas de gas licuado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lamentó que luego que desde desde ayer se sostuvieran reuniones con el sector sobre la nueva medida, aún hayan establecimientos que estén incumpliendo la normativa.

"Es sumamente lamentable que a esta hora del día todavía tengamos reportes de gente que está incumpliendo la normativa que se aprobó ayer. Yo quiero hacer un recordatorio a todas la estaciones de servicio, a todos los distribuidores de combustible: lo que se aprobó ayer es ley de la República y al que incumpla con ella le caerá todo el peso de la ley", dijo el funcionario.

Zelaya comparó la situación con lo sucedido con el sector transporte, especifícamente con el empresario Catalino Miranda, y amenzazó con tomar las mismas medidas de no ser acatada esta ley.

"Lo mismo trataron de hacer algunos transportistas hace algunos días cuando se emitieron disposiciones para el transporte colectivo, trataron de aumentar la tarifa de manera ilegal y arbitraria y nos tocó ejercer nuestra autoridad sobre ellos, tuvimos incluso que encarcelar a uno de los empresarios más emblemáticos del sector transporte en el país, que no se le había tocado por muchísimo tiempo, por el simple hecho o por el hecho tan grave de haber incrementado su tarifa. Simple para ellos y grave para el bolsillo de la población. Lo mismo vamos a hacer con aquellos que incrementen el precio del combustible cuando no tienen ninguna autorización legal para hacerlo", indicó el ministro.

El ministro de Hacienda también dijo que los empresarios se están exponiendo al cierre y a condenas penales si no cumplen con el establecimiento de las tarifas fijadas.

"No vamos a permitir que ningún empresario avariento dañe a la población, así que queremos hacer esa advertencia muy clara a todos los empresarios y distribuidores de combustible, se están exponiendo al cierre y también a condenas penales", dijo.

"No se expongan porque sino vamos a usar todas las herramientas penales que la ley ya nos da y también todas las herramientas penales para sancionar y para multar a aquellos que no estén cumpliendo con los precios fijados", agregó.

La noche de ayer a iniciativa del presidente Nayib Bukele, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentaron la propuesta de ley para subisidiar y fijar los precios de los combustibles ante el anuncio de su aumento en horas de la tarde.

La ley fue aprobada con 78 votos a favor y estará vigente hasta el 31 de mayo.

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