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SC concluye que no hay irregularidades en comercio de frijol

La investigación se llevó a cabo tras el alza de precios del grano, que alcanzó los $1.50 por libra en mercados de San Vicente y San Miguel en septiembre del año pasado.
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La Superintendencia de Competencia (SC) anunció ayer, mediante un comunicado, que no aplicaría sanciones a las seis comercializadoras de frijol que estaban siendo investigadas desde septiembre del año pasado a solicitud de la Defensoría del Consumidor (DC) por supuestas prácticas anticompetitivas.

Luego de analizar exhaustivamente la información proporcionada, la SC no encontró patrones atípicos de comportamiento que sugirieran un posible acuerdo por parte de los comercializadores investigados para la fijación de precios de compra o venta, limitación de cantidades comercializadas, ni para división del mercado”, afirmó la institución.

La investigación se hizo a partir de documentos presentados por la DC tras un incremento en el precio por libra del grano, que llegó hasta los $1.50 en mercados de San Vicente y San Miguel en septiembre de 2014.

El estudio concluyó que “el precio del grano a escala nacional muestra la misma tendencia que en los países vecinos, lo que debilita la hipótesis de un acuerdo entre competidores a escala nacional como posible explicación del incremento del precio”.

De igual forma, el comunicado señaló que las comercializadoras investigadas, en conjunto, no superan el 5 % del mercado de consumidores del producto.

Los hallazgos encontrados en la investigación están siendo utilizados para el “Estudio sobre la caracterización de la agroindustria del frijol rojo y sus condiciones de competencia en El Salvador”, en el que todavía trabajan la Intendencia Económica y la Intendencia de Investigaciones, ambas de la SC.

Dicho estudio tiene por objeto “identificar qué otros factores o posibles restricciones afectan la dinámica competitiva de los mercados, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores”.

Ante el alza de precios del año pasado, el MAG emitió un acuerdo ejecutivo para tener acceso a información sobre los procesos de siembra, recolección, intermediación y comercialización del frijol.

De esta forma el Estado podría vigilar la transparencia del mercado de los granos básicos y actuar mejor en situaciones futuras.

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