Sala CSJ revisa impuesto del 1 % a activos

Sala de lo Constitucional admitió una demanda para revisar si el impuesto viola el principio de capacidad económica. El impuesto sigue vigente.
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Otro impuesto está bajo el escrutinio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): el del 1 % mínimo calculado sobre los activos netos de las empresas. La sala ha admitido una demanda que plantea la inconstitucionalidad de dicho impuesto creado por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2014, mediante una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Los demandantes, los ciudadanos Pedro Alejandro Mendoza y Daniel Olmedo Sánchez, han planteado a la Sala de lo Constitucional que el impuesto del 1 % sobre los activos constituye una violación al principio constitucional de capacidad económica, como manifestación de la equidad tributaria.

Le han pedido a los magistrados que declaren la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley ISR porque, según consideran, adolece de vicios de contenido. “Hemos argumentado a la sala que la base imponible de esa reforma tributaria viola el principio de capacidad económica; ya que este no reflejaría la riqueza que en efecto tiene un contribuyente. En la práctica, esto podría provocar que, aplicando ese parámetro para determinar el impuesto, se determinen cargos tributarios desproporcionados y hasta confiscatorios”, explicó Olmedo Sánchez.

El impuesto, pese a la admisión de la demanda, sigue vigente: la sala no lo suspendió como lo habían solicitado los demandantes en la medida cautelar que propusieron. “Aunque la sala rechazó la medida cautelar que presentamos, sí dijo que nuestra argumentación cumplía con la apariencia de buen derecho. Esto significa que hay una alta probabilidad de que nuestro argumento sea finalmente aceptado”, comentó el demandante ayer.

Los abogados también habían pedido examinar los artículos 76, 78, 79, 80 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero la Sala de lo Constitucional declaró improcedente esa petición y acordó limitarse a estudiar la constitucionalidad del artículo 77.

“Se vuelve necesario delimitar el objeto de control propuesto únicamente en cuanto al artículo 77 LISR, pues sólo en tal disposición se establece la manera de determinar el activo neto como base imponible al pago mínimo del impuesto aludido... Lo que no obsta para que estas disposiciones (76, 78,79, 80 y 81) puedan examinarse luego, en una eventual sentencia estimatoria, desde la perspectiva de la inconstitucionalidad por conexión”, fallaron los magistrados en una resolución que fue firmada el 12 de noviembre de 2014 y notificada a las partes a finales de diciembre pasado.

La sala, como en otros procesos de inconstitucionalidad, ha mandado a escuchar a la Asamblea Legislativa para que envíe una informe para justificar la constitucionalidad del impuesto.

La jurisprudencia

La sala ha emitido varias resoluciones en materia tributaria. En varios fallos ha abundado en que los impuestos deben respetar los principios constitucionales de capacidad económica, no confiscación, igualdad y equidad.

La sala ha desarrollado esos principios en al menos tres resoluciones en materia tributaria: una en la cual declaró inconstitucional el cobro del FONAT, otra donde declaró la inconstitucionalidad del cobro de $0.04 por minuto de llamadas que ingresan del exterior y una más, emitida en noviembre de 2013, en la que se declaró inconstitucional el cobro del 1 % de los ingresos de las empresas, no sobre sus propiedades o valores.

“La Sala de lo Constitucional ya había sostenido previamente que para medir efectivamente la riqueza de un contribuyente, de los activos deben restarse todos los pasivos. Y que era insuficiente solo aplicar ciertas deducciones. Sin embargo, con la reforma al artículo 77 de la LISR, la Asamblea Legislativa determinó que la base imponible se calcula realizando de los activos solo ciertas deducciones, sin aplicar la resta de la totalidad de pasivos”, agregó Olmedo Sánchez.

La sala también está revisando otros impuestos: el de 0.25 % por cada $1,000 en transacciones bancarias, que fue aprobado el año pasado con la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras (LIOF); y una demanda contra tres incisos del artículo 151 del Código Tributario, que establecen el pago anticipado a cuenta del Impuesto Sobre la Renta.

En el primer caso, el referido al impuesto bancario, la sala analiza si hubo vicios de forma. El demandante ha cuestionado el procedimiento que se siguió para aprobarlo, porque, según expuso, la Asamblea obvió lo plasmado en el artículo 135 de la Constitución, ya que no hubo una discusión previa de la ley y esta fue aprobada, cerca de la 1 de la mañana, con dispensa de trámite. En el caso del anticipo a cuenta del ISR, los demandantes han argumentado que este no se calcula sobre la ganancia real de las empresas, sino sobre estimaciones.

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