Sala pone fecha límite para mejorar rentabilidad pensiones

Un año después de haber emitido sentencia y sin resultados, el tribunal constitucional emplazó a la Asamblea Legislativa para que resuelva en 15 días. En caso de que no haya solución, el tribunal consideraría liberar las inversiones del fondo.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa establecer en 15 días los cambios necesarios para asegurar que los ahorros para pensiones dentro del sistema de las AFP tengan una mejor rentabilidad en el largo plazo, para que los trabajadores puedan esperar pensiones más altas cuando llegue su tiempo de jubilación.

Según la sala, el período de 15 días es fijo y desde la Asamblea no habrá excusa para estirarlo más. La cuenta regresiva inició ayer y terminará el próximo 4 de marzo, porque solo suman días “hábiles” o que no son feriados ni de descanso.

“Fíjase a la Asamblea Legislativa un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que realice las adecuaciones necesarias a la LEFOP y a la LESAP a fin de darle estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 23-XII-2014. Dicho plazo es fatal e improrrogable”, consigna la resolución.

Este reciente mandato de la Sala de lo Constitucional está relacionado con la sentencia que la misma sala emitió el 23 de diciembre de 2014. En esa sentencia, los magistrados ordenaron a la Asamblea buscar un método diferente para calcular la rentabilidad que generan las inversiones que las AFP hacen con el fondo de pensiones, donde están reunidos los ahorros de los trabajadores. La sala exigió que los cambios en esa dirección permitieran “lograr la inversión de dichos fondos de pensiones en condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo”, de acuerdo con la sentencia.

Así como funcionan las cosas ahora, las AFP tienen la obligación de poner el fondo de pensiones en destinos de inversión para que las cuentas individuales de los ahorrantes crezcan, aunque con los límites y controles que ponen la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP) y la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (Ley FOP). Estas dos normativas son las que definen dónde pueden invertir las AFP y hasta qué cantidad.

Uno de los “candados” de las AFP son los papeles de deuda que el Gobierno emite. De los $8,514 millones que han acumulado los fondos de pensiones, más del 80 % está invertido en deuda (títulos, bonos, papeles) del Gobierno. La mayor cantidad está concentrada en los Certificados de Inversión Previsional (CIP), regulados en la Ley FOP y que el Ejecutivo supuestamente utiliza para pagar las pensiones de los que se jubilaron con el ISSS y el INPEP en el sistema público, es decir, el anterior. Entonces, de los más de $8,500 millones, al menos $5,000 millones están invertidos en CIP, por obligación legal. Todos estos datos pueden comprobarse en los informes y boletines mensuales que publica la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

“En caso de reiterado incumplimiento de la sentencia, una vez transcurrido el plazo, esta sala analizará la posibilidad de suspender los efectos de la obligación señalada en el artículo 17 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y en los artículos 91 letra m) y 223-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones”, agrega la resolución de ayer que dio la Sala de lo Constitucional. Estos son los artículos que limitan las opciones de inversión que tienen las AFP, en particular con los CIP.

La tasa de interés que generan los CIP ha caído a menos del 1.5 % y está en esos niveles desde la crisis financiera mundial de 2008. El motivo es que para calcular esa tasa de interés se usaba una referencia internacional. La baja rentabilidad de los CIP afecta a todo el fondo de pensiones y según el boletín de la SSF, la rentabilidad cerró en 1.26 %, que es 2.19 % abajo de 2014.

Propuestas que han llegado

Mario Ponce, diputado del PCN y miembro de la comisión de hacienda en la Asamblea Legislativa, explicó ayer que ellos apoyarán una propuesta para que los ahorros de los trabajadores tengan una rentabilidad mínima del 4 % y máximo de 6 %. Es bastante similar a al período previo a la crisis de 2008 y es la apuesta de la bancada del FMLN.

“Un punto porcentual menos en la rentabilidad son $50 millones menos al año como rentabilidad en las cuentas individuales”, resaltó Ponce.

La propuesta del Ejecutivo, que detalló el Ministerio de Hacienda, es de 3.45 % y no más del 4 %. Pero según el diputado Ponce, esta propuesta “no cumple con los parámetros en la resolución” de 2014.

Este medio intentó conocer la versión de Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda, pero no atendió las llamadas. Tampoco contestó la diputada de ARENA Milena Calderón, secretaria de la referida comisión.

Claudio de Rosa, analista y economista, comentó que el nuevo sistema de pensiones puede seguir financiando el viejo sistema, con la única condición de que se pague la tasa de interés de mercado. “Si el Gobierno colocó tranquilamente bonos del FOVIAL en junio del año pasado y pagó 6.75 % en la proporción que era a 14 años, cómo pudo pagar 6.75 % para construir una carretera y no tiene para pagarle a los trabajadores”, cuestionó De Rosa.

“Los fondos no han sido tomados por el Estado de manera voluntaria, obligaron a los trabajadores a comprar por ley. Lo menos que tenemos que hacer es corregir eso”, dijo De Rosa, para quien la revisión debió haberse hecho en 2009.

Mientras que Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, comentó que hay que buscar un balance. “Por un lado hay que subir la rentabilidad del fondo de pensiones, por justicia”, sostuvo Rubio, quien considera que 4 % es aún muy poco. Al mismo tiempo, el director de FUNDE señaló que tampoco se puede cargar en exceso a las finanzas públicas. “En todo caso que se pueda dejar una tasa flexible atada a la mejora de la situación fiscal”, comentó.

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