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Señalan plan quinquenal debe ordenar prioridades

El plan del GOES debe profundizar en cómo abordará problemas como la inseguridad y economía, los más sensibles para la ciudadanía, según análisis.
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Medida.  Los patrullajes del ejército se han vuelto una imagen recurrente en las ciudades ante el clima de inseguridad que predomina en el territorio.

Medida. Los patrullajes del ejército se han vuelto una imagen recurrente en las ciudades ante el clima de inseguridad que predomina en el territorio.

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El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, que fue presentado esta semana por la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, es un documento que debe “jerarquizar las prioridades” del actual gobierno, señaló el analista Roberto Rubio.

A juicio del economista, no basta con tener lineamientos generales sino que hace falta dejar en claro con qué estrategia se van a lograr los objetivos propuestos en materia de seguridad, crecimiento económico y desarrollo, por citar ejemplos. “Una de las deficiencias de los planes anteriores es que no ahondan en el cómo; entonces, en la extorsión, que es uno de los fenómenos principales que más están afectando a la población, el cómo se va a combatir es clave, o el tema de la violencia de la escuelas, cómo va usted a enfrentar esta situación. No me puede decir ‘va a haber mayor coordinación interinstitucional entre Educación y Seguridad’ o ‘vamos a tener más participación ciudadana’. Tiene que especificar más en el cómo”, apuntó el analista.

Rubio agregó: “El plan actual se parece al anterior, primero, en lo extenso, segundo, en su carácter plano. Es decir que no están jerarquizadas las prioridades. Casi todo es prioritario y cuando esto es así, nada es prioritario. En la parte económica un plan debe superar lo que han tenido los planes anteriores, que es ver dónde está la apuesta productiva estratégica y cuál es la estrategia de crecimiento y desarrollo que usted tiene”.

En el apartado de seguridad ciudadana el plan no hace referencia a la problemática de las pandillas, el tráfico de drogas o crimen organizado, pero señala que una sus líneas de trabajo será “reducir la capacidad operativa y de expansión de las estructuras criminales”. Más adelante, en el documento se propone “disminuir significativamente los niveles de extorsión y de delitos contra el patrimonio”, lo que se hará a través de “fortalecer la eficiencia y eficacia de la investigación, el combate y la prevención de las extorsiones, y las capacidades y el trabajo conjunto” entre la Policía y la Fiscalía.

Las encuestas de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, dan cuenta de que uno de los principales problemas que afligen a los ciudadanos en las zonas rural y urbana es la inseguridad, y en particular las actividades de las pandillas.

Según mediciones de organismos como el Banco Mundial, El Salvador carga con un costo equivalente al 11 % de su Producto Interno Bruto (PIB) por la violencia. Pablo Durán, presidente de COEXPORT, señaló ayer en una entrevista televisiva que “la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que interrumpen la inversión en este país”.

Una de las propuestas del Gobierno es crear un sistema nacional de seguridad ciudadana. Para hoy está previsto que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presente el primer pliego de propuestas.

En el aspecto económico, el plan quinquenal detalla como parte de sus objetivos aumentar el crédito al sector agropecuario, desarrollar la movilidad, logística, los puertos y aeropuertos, alcanzar un crecimiento anual promedio del 3 % del PIB, disminuir la tasa de desempleo juvenil en un 10 % y hacer que la inversión pública alcance un 70 % de ejecución en su presupuesto.

El economista Alberto Arene señaló en la entrevista matutina de Canal 21 que las fuerzas del país deben ponerse de acuerdo en “una visión más compartida de desarrollo de mediano y largo plazo, y en una continuidad de una gran estrategia de país”, ya que de lo contrario “este país no tiene ninguna viabilidad”.

Agregó que debe haber una reforma profunda para hacer sostenible la deuda pública.

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