Unos 50 exempleados siguen sin recibir su indemnización

José Luis Merino y su hermano, Sigfredo, habrían ordenado traspasar fondos.
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VECA aún tiene pendientes los pagos de liquidaciones a 50 exempleados, según reconoció el abogado de la empresa, Ricardo Roque. El problema inició cuando VECA despidió a casi todo su personal informándole que estaba en quiebra. Desde entonces, los extrabajadores han tenido que luchar para que se les paguen las cotizaciones laborales y el salario correspondiente a 16 días trabajados de enero –ya fueron pagados– e indemnización.

VECA comenzó a pagar a través de la cuenta de Tamara Mejía, una de las ejecutivas, puesto que el dinero de la empresa estaba en riesgo de ser embargado por las deudas con los proveedores. Un grupo de exempleados que visitó la Asamblea Legislativa acusó a José Luis Merino, viceministro para la Inversión y asesor del conglomerado ALBA, y a su hermano, Sigfredo Merino, de haber girado instrucciones a Manuel Durán, directivo de la empresa, al gerente Leonel Búcaro y a Mejía de traspasar fondos a las cuentas de esta última. Sin embargo, el banco suspendió la cuenta de Mejía, puesto que consideraron que ese tipo de acción podría ensuciar su imagen comercial. Eventualmente se materializó una demanda que provocó un embargo, por lo que la empresa comenzó a pagar en efectivo.

Roque explicó que aunque la cuenta ya está congelada, la legislación prioriza la deuda con los trabajadores, por lo que los empleados podrían solicitar que se suspenda el embargo existente para instalar uno a favor de ellos.

Sin embargo, esto ha generado desconfianza. La exempleada dijo que VECA les ha propuesto pagarles 60 % de la indemnización, pero para eso era necesario acceder a esa cuenta, por lo que tenían que desistir de las demandas individuales e interponer una colectiva.

No obstante, un abogado laboral les recomendó no hacerlo porque si esa acción conjunta no prospera, ya no podrían retomar sus procesos individuales y estarían renunciando al dinero. La extrabajadora también cuestionó el retraso que ha llevado todo el proceso en todas las instancias que han intervenido, como el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República.

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