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Urgen aprobación de ley que permita arrendar tierras

CAMAGRO y la Asociación Azucarera consideran que un marco legal de este tipo incentivaría la producción en el largo y plazo y facilitaría el acceso al crédito.
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Regular mediante una ley las modalidades para el arrendamiento de la tierra en uso agrícola es un tema que está pendiente de aprobación desde hace más de una década en El Salvador. Dirigentes de las principales gremiales del sector agropecuario consideran que contar con un marco que regule el alquiler de tierras brindaría certidumbre jurídica a potenciales inversionistas.

Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera, anotó durante su participación en un foro de LA PRENSA GRÁFICA que uno de los proyectos fue enviado en 2007 a la Asamblea Legislativa. “No se le está dando vuelta a la reforma agraria; se ha aclarado hasta la saciedad”, apuntó sobre la polémica que ha rodeado a esta discusión.

De acuerdo con sus datos, en El Salvador son aproximadamente 400,000 manzanas de tierra con potencial agrícola que no se están utilizando. “Mucha gente tiene las tierras, pero ni siquiera las quiere dar en arrendamiento porque tiene temor de que se las puedan expropiar”, comentó.

Una ley de arrendamiento, según su opinión, facilitaría el acceso al crédito, puesto que el productor podría arrendar tierras para cultivos de largo plazo como forestales y frutales y buscar financiamiento en la banca, uno de los aspectos que tienen que sortear los agricultores.

Para Salaverría, contar con una ley especial de este tipo facilitaría la producción, generación de empleo y exportación. Recordó que antes de los años ochenta el país contaba con una infraestructura fuerte, gracias a la que se exportaban incluso granos.

“Lograr dinamizar el uso de la tierra es el objetivo, que la tierra se vuelva productiva”, aseguró Salaverría.

Para Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), la aprobación de una ley de este tipo “requiere de mucha voluntad política” por la sensibilidad del tema.

Debido al tamaño de su territorio, El Salvador tiene solo dos opciones para producir más: incrementar el área sembrada o incrementar la productividad por cada una de esas áreas sembradas. En los dos casos, dijo Martínez, “la agricultura está atada”.

“A esta ley no se le ha dado la debida importancia. Todos somos responsables de que la tierra no se esté usando de la forma debida”, consideró.

La discusión de una normativa ha estado en la agenda en varias ocasiones, pero siempre es desplazada cuando surgen otros temas de coyuntura. La educación, la tenencia de la tierra y la tecnología son temas urgentes en opinión de Martínez, aunque el de la tierra es transversal y fundamental de resolver. “La base de todo es tener certeza en el uso de la tierra”, sentenció.

Una de las ventajas para el país es que ya cuenta con diferentes estudios y mapas para diferenciar qué zonas pueden ser utilizadas para la agricultura, definición de cuencas y zonas boscosas.

Destacó que Costa Rica ha desarrollado un sistema de estadísticas, ha identificado las áreas para producir y cuenta con una banca de desarrollo.

“He conocido proyectos aquí que han necesitado 1,500 manzanas, pero aquí es sumamente difícil, pero van a Honduras y las compras o las arrendan. Aquí eso limita la inversión”, planteó.

Durante los últimos años ha habido varios intentos por aprobar esta ley. El Ministerio de Agricultura (MAG) presentó en 2005 una propuesta que los empresarios del sector privado retomaron después.

Fue durante el período en el que Salaverría fue ministro de Agricultura cuando se introdujo uno de los primeros proyectos al parlamento.

Pero en 2011 se comenzó a trabajar otro anteproyecto en el MAG. Entre los detalles que contemplaba la propuesta del sector privado están el reconocimiento de daños por cualquier causa y la obligación de mantener el terreno en buen estado, así como evitar el daño ambiental. Incluso habría libertad para que entre privados acuerden cómo resolver conflictos durante el período de arrendamiento.

En una de las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa se contemplan plazos de tres a cinco años para usar un terreno, con la opción de que ambas partes prolonguen o terminen el contrato.

Durante la administración pasada, el Ministerio de Trabajo incluso mencionó a la ley de arrendamiento de tierras como una de las alternativas a incluir en un plan nacional para la generación de empleo.

La ley ha estado a punto de ser aprobada en el pleno legislativo, pero es regresada a comisión.

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