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Urgen implementar medidas antes que la deuda de El Salvador se vuelva insostenible

FUSADES descarta riesgos de liquidez   en lo inmediato; sin embargo, advierte que hay factores que podrían presionar la liquidez del gobierno a  futuro.  Más de un tercio de los ingresos tributarios ya está comprometido en el pago del servicio de la deuda.

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El Salvador se enfrentó a la pandemia del covid-19 con una deuda equivalente al 71.3 % del PIB, es decir, del tamaño de su economía. Es el cuarto país con más deudas de Latinoamérica y, en el istmo, es el que sufrirá la peor contracción económica, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Aun así, es de las naciones que más ha prestado dinero para enfrentar la crisis.

Transparencia. FUSADES señala que parte del endeudamiento se está utilizando en destinos diferentes a los contemplados en los decretos originales.

En diciembre pasado se le autorizó al gobierno endeudarse  $645.8 millones, no por la emergencia, sino para gasto corriente. Una vez llegada la crisis el Ejecutivo utilizó préstamos con la Agencia  Internacional de Cooperación de Japón (JICA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y con inversionistas locales a través  de Letras del Tesoro (LETES). 

Luego el gobierno solicitó $2,000 millones de  diferentes fuentes de financiamiento y, antes de asegurar esos recursos, solicitaron $1,000 millones más.

En total son $4,122.7 millones en préstamos  aprobados por los diputados de la Asamblea Legislativa, aunque no todo el dinero está disponible, pues hay empréstitos que aún no han sido negociados o con procesos legislativos pendientes.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió, en un análisis del impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno, que “el alto endeudamiento adquirido o por adquirir por la pandemia ponen en una trayectoria de insostenibilidad la deuda en el futuro cercano”. Señala que si el acceso a financiamiento en los mercados internacionales se corta el país podría caer en impago.

Para FUSADES, el gobierno debería desistir de los $1,021.8 millones  en deuda que están pendientes: “La colocación de esa deuda se dificulta por el poco tiempo para llevar a cabo una nueva emisión antes de que termine el año, y lo ilógico de salir al mercado cuando recientemente se colocaron bonos por $1,000 millones”.

Además señalan que  los nuevos gastos que ha traído la pandemia deberían de ser acompañados por esfuerzos de ahorros en otras áreas. El uso del dinero debe también planificarse  y transparentarse.
Estos recursos obtenidos por deuda hacen que no haya riesgo de liquidez o de caer en impago al menos en lo que queda del año, pero en el futuro, el peso de la deuda podría complicar la situación.

Solo este año el servicio de la deuda habrá costado $1,471 millones, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI); de estos, $1,087 millones sirven solo para pagar intereses.

“El pago del servicio de la deuda ha mostrado un aumento importante en los últimos años; esta situación se complicará en 2021, con un incremento sustancial por los préstamos adquiridos por la pandemia”, dice FUSADES.

Para 2021 los intereses aumentarían a $1,188 millones, las amortizaciones a $538 millones, con lo cual El Salvador tendrá que destinar $1,726 millones solo al servicio de deuda, según el FMI.
La banca  además ha jugado un rol importante como financista del gobierno a través de las emisiones de LETES. 

El Banco Central de Reserva (BCR) incluso ha reducido los requerimientos de liquidez al mismo tiempo que el gobierno busca fondearse localmente.

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señaló que por el crecimiento de los depósitos  no hay un riesgo de que  en el corto plazo los bancos se queden sin liquidez. Sin embargo, en un hipotético segundo confinamiento la gente tendría que hacer uso de sus ahorros, lo que complicaría la liquidez del sistema.

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