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VECA no pagó por operar en aeropuerto de Costa Rica

La empresa anunció que tiene planes para volver a volar y que ya está pagando las liquidaciones a los exempleados. El apoderado legal cuestionó la investigación de la FGR.
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La empresa Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) no pagó por operar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica desde diciembre. De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Costa Rica, VECA debe $16,284.77 más intereses moratorios. La compañía tampoco pagó el Cargo de Uso de Áreas Comunes (CUAC), que es un cobro que las aerolíneas recogen de los pasajeros y entregan a la administración de la terminal. Esta deuda es de $20,593.13.

La DGAC también informó a este periódico que VECA tampoco está solvente con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Ambos se alimentan de cuotas laborales, es decir, son retenciones que se hacen al salario de los trabajadores de ese país. A la CCSS le debe 2,570,971 colones costarricenses, equivalentes a $4,577. Se desconoce cuánto se adeuda a la otra institución.

VECA presentó, el 26 de enero de 2017, al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) de Costa Rica una solicitud de autorización para la suspensión de su Certificado de Explotación, el cual le permite brindar servicios de transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares internacionales de pasajeros. La empresa tiene el permiso hasta 2020.

Sin embargo, VECA ya había suspendido los vuelos. Por este retraso, más la insolvencia, no se procesó la solicitud de la aerolínea y ahora enfrenta un proceso administrativo que implicaría una multa que, según la ley costarricense, es de 20 salarios mínimos y ronda los $16,500.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre esta situación a Ricardo Roque, apoderado legal de la aerolínea, pero dijo no tener conocimiento al respecto. El abogado confirmó además que VECA está en un proceso de “reestructuración” y anunció que retomarán sus operaciones, aunque no detalló con qué alianza o capital se realizaría esto, ya que, como dijo Manuel Durán, accionista y administrador de la empresa, “técnicamente, financieramente hablando, la empresa está quebrada y eso ya ratos”.

“La empresa en este momento va a entrar en un proceso de reestructuración y va a seguir funcionando (...) es por eso que todavía tenemos el 30 % de los empleados que forman parte de esta sociedad”, dijo Roque ayer, al salir de una conferencia de prensa en las oficinas corporativas, a la que se negó la entrada a LA PRENSA GRÁFICA y a otros medios por orden de la gerencia.

El abogado también dijo que se despidió a los encargados de “la práctica operativa”, es decir, el personal de operaciones, como pilotos y tripulación.

La empresa está comenzando a ponerse al día con los pagos con sus exempleados, según Ricardo Roque. Después de que estos interpusieron demandas en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Ministerio de Trabajo, que acudieron a la Asamblea Legislativa y que realizaron una protesta afuera de las oficinas, VECA comenzó a pagar los salarios de la primera quincena de enero. Uno de los exempleados confirmó ayer que eso ya había sido cubierto, aunque los afectados consideraban que faltaban ciertos montos.

En esa línea, exempleados denunciaron que VECA está llamando a las personas para ofrecerles una liquidación menor al cálculo del Ministerio de Trabajo, y como elemento persuasivo les dicen que si no llegan a un acuerdo con la empresa, tendrán que esperar a que finalice el proceso judicial que tomará muchos meses. Roque negó esto y dijo que se está pagando íntegro lo señalado por el ministerio.

El abogado anunció que la empresa interpondrá una demanda porque ha circulado información interna, no especificó contra quién sería este proceso, puesto que, dijo, determinar al responsable es tarea de la FGR y de la Policía Nacional Civil.

Roque además desaprobó la investigación que se está realizando por apropiación de cuotas laborales, y dijo que estas fueron pagadas en estos días. Según el apoderado, es la primera vez que se realiza un allanamiento por ese delito; además, dijo que solo 16 personas demandaron, pero la FGR ha tomado en cuenta los derechos de todos los trabajadores.
 

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