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"La pobreza como sinónimo de criminalidad se ve reflejada en las familias vulneradas": Fespad

Las organizaciones sociales han recibido cientos de denuncias de atropellos a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, y han acompañado la presentación de más de 50 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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Foto: LPG/ Archivo

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 La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señaló este jueves que bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador se han violado los derechos humanos de población sin vínculos con las pandillas.

"El régimen de excepción aplicado y su prolongación han constituido un mecanismo que ha violentado derechos humanos en población no vinculada a estructuras delincuenciales, este no puede y tampoco debe ser la solución a la problemática de la criminalidad", señaló en un comunicado.

El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo el régimen de excepción, a petición del presidente Bukele tras una escalada de homicidios, y el miércoles aprobó una segunda extensión.
En estos dos meses de vigencia, las autoridades han detenido a más de 34.500 personas.

Las organizaciones sociales han recibido cientos de denuncias de atropellos a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, y han acompañado la presentación de más de 50 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con Fespad, "ninguna guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, justifica la violación de los derechos humanos ni el irrespeto del principio de legalidad de las actuaciones del Estado".

Agregó que la llamada "guerra contra las pandillas" ha afectado "los derechos de las personas que viven en territorios empobrecidos y estigmatizados".

"La pobreza como sinónimo de criminalidad se ve reflejada en las familias vulneradas", sostuvo, y añadió que "las acciones del Gobierno se reducen a continuar repitiendo estrategias fracasadas de populismo punitivo para abordar el combate a la delincuencia y la criminalidad". 

Añadió que "ha quedado demostrado, con la implementación del régimen de excepción, que el control total de la institucionalidad del Estado no ha permitido crear una política pública de seguridad para abordar las causas estructurales que generan las dinámicas de violencia".

Subrayó que el Plan Control Territorial, al que el Gobierno atribuía la continuidad de la baja en los homicidios, "sigue siendo una herramienta publicitaria, y evidencia que, tras él, las negociaciones con pandillas continúan vigentes".

Una investigación del medio digital El Faro señala que la ola de homicidios, que dejó 87 víctimas y propició la declaración de régimen de excepción, se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).

El Gobierno no ha respondido oficialmente a esta acusación, similar a la hecha por el Gobierno de Estados Unidos en diciembre pasado.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, por las "negociaciones secretas" entre el Gobierno y la MS13.

En un comunicado, EE.UU. señaló que Luna y Marroquín "dirigieron, facilitaron y organizaron" una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar "una tregua secreta" con los jefes de la MS13. 

Por su parte, el presidente Nayib Bukele afirmó este jueves en un mensaje en Twitter que "El Salvador pronto será un modelo de seguridad" para "ser replicado en otros países".

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