Lo más visto

102 condenas por desplazamientos, pero víctimas no son atendidas

Cristosal dice que la simple aplicación del delito “limitación ilegal a la libertad de circulación” no resuelve los desplazamientos forzados. Según esa organización, el Estado debe crear un programa para atender las comunidades en que ocurren desplazamientos.
Enlace copiado
102 condenas por desplazamientos, pero víctimas no son atendidas

102 condenas por desplazamientos, pero víctimas no son atendidas

Enlace copiado

Desde abril de 2016, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal para incluir como delito la “limitación ilegal a la libertad de circulación”, 1,059 personas fueron capturadas y acusadas de haber provocado desplazamientos forzados en diferentes puntos del país, hasta el final del año pasado; 102 de esas personas fueron condenadas el año pasado y dos personas fueron condenadas en 2016, según datos proporcionados por la oficina de acceso a la información de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Malearon a nuestros hijos y se robaron a nuestras hijas”: el drama de los centroamericanos que buscan refugio en México por el acoso de las pandillas

Cristosal, la única organización que se aproxima a la problemática porque tiene una base de datos con algunos casos, cree que las capturas e incluso las condenas de los que provocan los desplazamientos forzados no resuelven el problema. Por una razón: “No existe un programa de atención integral a las comunidades que sufren el problema”. Como ocurrió en el cantón El Cedro, Panchimalco, donde la captura y proceso judicial en contra de los militares Noé Antonio Guzmán Miranda y José Enrique Cruz Guzmán, junto con otros ocho pandilleros, no fue suficiente para que seis familias regresaran a las casas que abandonaron en septiembre de 2016 por temor a pandilleros que mataban y se paseaban con armas largas.

“El problema es que si solo se hace eso (capturar y procesar pandilleros), no se está resolviendo la complejidad del fenómeno. El Estado debe trabajar más en las comunidades”. 
Abraham Ábrego, Coordinador de litigios de Cristosal

“Los parámetros que se han desarrollado a nivel internacional sobre la figura del desplazamiento interno conllevan una serie de obligaciones por parte del Estado, que van desde la prevención hasta la protección y la ayuda humanitaria. Eso no existe en El Salvador”, señaló el coordinador de litigios de Cristosal, Abraham Ábrego.

PNC y FGR incumplen medidas para proteger desplazados

El Gobierno, de hecho, ni reconoce estos casos como desplazamientos forzados, sino que se refiere a ellos como “movilidad interna”. Cuatro familias afectadas empezaron a recibir atención hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a petición de Cristosal, ordenó medidas específicas para proteger a esas víctimas.

“Los parámetros  que se han desarrollado a nivel internacional sobre la figura del desplazamiento  interno conllevan una serie de obligaciones por parte del Estado”. 

En el cantón El Cedro, días después de que las familias abandonaron sus viviendas por temor, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que llegó a la cuarta brigada de la Fuerza Armada y hasta el Comando de Fuerzas Especiales para capturar a los militares Noé Guzmán y José Cruz por dedicarse, en sus días de licencia, a adiestrar en el uso de las armas a pandilleros de dicho cantón. Los militares y los ocho pandilleros acusados de provocar esos desplazamientos fueron enviados a juicio la semana pasada.

“El problema es que si solo se hace eso (capturar y procesar pandilleros por el delito de limitación ilegal), no se está resolviendo la complejidad del fenómeno. El Estado debe trabajar más en las comunidades, llegar no solo con la Policía, sino con otras instituciones para atender de forma integral. Más importante que eso, todavía, es que el Estado prevenga los desplazamientos”, dijo Ábrego.

De acuerdo con el registro que hizo Cristosal con el testimonio de 638 víctimas, la mayoría de las personas desplazadas no solo abandonaron sus viviendas, sino que también perdieron sus empleos y sus fuentes de ingreso. También han tenido poco acceso a los servicios de salud y no han encontrado un lugar seguro para reinstalarse con sus familias.

Lee también

Comentarios