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107 casos vencidos en el tribunal superior de la CCR

Los casos superan los siete años de vigencia del proceso administrativo. Datos muestran que la actual gestión de la Corte ha seguido recibiendo casos con los plazos procesales vencidos, es decir, ya sin la posibilidad de castigar a responsables o cobrar multas.
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107 casos vencidos en el tribunal superior de la CCR

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La Corte de Cuentas de la República (CCR) realizó una auditoría a la Alcaldía de San Salvador que abarcó la gestión del demócrata cristiano Julio Adolfo Rey Prendes (fallecido); su sucesor, Ramiro Orlando Aguilar; y los primeros meses de la administración de José Alejandro Duarte. El período auditado abarcó desde el 6 de febrero de 1980 al 4 de noviembre de 1982. Como resultado de esa auditoría surgieron algunas irregularidades por las que la institución inició un juicio de cuentas. Luego de más de 30 años de haber arrancado el tiempo de ley para iniciar el juicio de cuentas, el 13 de octubre de 2016, el máximo tribunal de la institución (Cámara de Segunda Instancia), liderado por Rodrigo Barahona Escalante, admitió la apelación por el caso, la cual hasta febrero de este año estaba pendiente de resolverse.

El caso de la Alcaldía de San Salvador es uno de los, al menos, 107 expedientes administrativos en los que los titulares de la Corte de Cuentas han recibido recursos de apelación con los tiempos procesales vencidos (fenecidos), es decir, sin posibilidad de sancionar a los responsables o de que el Estado recupere los montos perdidos.

La ley de la Corte de Cuentas de la República establece que luego de una auditoría, si es necesario abrir un juicio de cuentas, los oficiales tienen cinco años después del 1.º de enero del año próximo al cierre del período auditado para iniciar el proceso en una cámara de primera instancia de la Corte. La ley manda que dicha cámara tiene dos años calendario para resolver los casos. Posterior a ello, si las partes están inconformes, pueden presentar una apelación tres días hábiles después de la notificación de los resultados del juicio, lo cual se da como notificado quince días hábiles después de ser enviado a las partes. En la Cámara de Segunda Instancia conformada por los tres magistrados titulares no existe un plazo de ley para resolver.

Fuentes que conocen los procesos de la CCR han denunciado históricamente que los magistrados titulares han resguardado en la Cámara de Segunda Instancia casos que en primera instancia superaron los plazos establecidos por la ley. Esto último provocó que el año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) incautara 48 expedientes vencidos.

Un análisis, realizado por este periódico a los 1,289 casos pendientes de ser resueltos en el máximo tribunal de la CCR hasta febrero pasado, muestra que 107 de estos fueron recibidos por los magistrados titulares luego de los siete años de vigencia del proceso administrativo, los quince días hábiles de la notificación y los tres días para interponer recursos.

La mayoría de casos fenecidos y pendientes de resolver a febrero de este año corresponden a la gestión del magistrado Johel Valiente. De su administración, comprendida entre agosto de 2014 y noviembre de 2015, existen 53 expedientes vencidos resguardados en la cámara de apelaciones. La actual presidenta, Carmen Elena Rivas, acumula el segundo lugar de casos vencidos recibidos, en seis meses de gestión resguardó 22 expedientes caducados.

Este periódico solicitó reiteradamente una entrevista con Rivas o con otro de tres titulares de la institución (María del Carmen Martínez, primera magistrada, o Roberto Antonio Anzora, segundo magistrado), pero no hubo respuesta.

En total 84 de los 107 casos fenecidos corresponden a auditorías de alcaldías. Entre las demás instituciones que tienen casos vencidos en el máximo tribunal está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil (PNC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), etc.

Además del caso de la Alcaldía de San Salvador, existen otros 29 expedientes que se recibieron en la Cámara de Segunda Instancia 10 o más años después de haber entrado en vigor el plazo para iniciar el caso en primera instancia. Entre estos expedientes está el de la Alcaldía de San Bartolomé Perulapía, el cual corresponde a una auditoría de 1976, de la cual se admitió apelación el 28 de julio de 2006. La misma suerte corrieron los expedientes de la base aérea de la PNC y de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los cuales datan de 1997 y 1998, respectivamente, y sus recursos fueron recibidos por los titulares a finales del año pasado.

Veinte de los 107 casos fenecidos y admitidos en la Cámara de Segunda Instancia son expedientes sobre los que se han presentado recursos de apelación, en los demás casos se han planteado sus revisiones.

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