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11 policías, dos civiles y "Samurai" pasan a juicio por feminicidio de Carla Ayala

Juan Josué Castillo Arévalo, quien es identificado con la clave "Samurai", fue declarado como imputado rebelde. Su proceso queda suspendido hasta que sea capturado, de tal forma que el delito para él no prescribirá.

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11 policías, dos civiles y "Samurai" pasan a juicio por feminicidio de Carla Ayala

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11 agentes del extinto Grupo de Reacción Policial, pertenecientes a la Policía Nacional Civil, dos personas civiles, y el exagente Juan Josué Castillo Arévalo, con el indicativo de "Samurai", pasaron a juicio, según resolvió el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, por el feminicidio de la agente Carla Ayala.

Junto a Castillo Arévalo, quien es acusado de feminicidio agravado, enfrentan la audiencia preliminar el exjefe del GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; Carlos Flores, Ovidio Pacheco, Wilfredo Hernández, Salvador Chávez, Álex López, José Jiménez, Joel Castillo, Víctor López, Edgardo Castillo, Edwin Esquivel, Juan Linares y José Pérez Pineda.

"Samurai" fue declarado como imputado rebelde y, por lo tanto, su proceso queda suspendido hasta que sea capturado y presentado ante los tribunales. Sin embargo, al tener esa declaratoria su delito no prescribirá y el juicio se reanudará cuando sea detenido.

La parte fiscal dijo sentirse "satisfecha" ya que la resolución dada era lo que habían solicitado en el procedimiento. 

Según parte de las pruebas, la agente llegó a la delegación donde estaban los imputados y ninguno de ellos le brindó auxilio. Además, ellos habrían dicho que realizaron un operativo para capturar a "Samurai", pero las pruebas apuntan a que no fue así, ya que no se realizaron retenes ni detenciones.

El fiscal del caso dijo que "hubo lealtad" de los compañeros hacia Castillo.

Finalizó diciendo que esperan que en días próximos se instale la vista pública para que se de una sentencia en firme. Esperan que no se venza el plazo de dos años de la detención provisional de los imputados.

Sobre Castillo pesa una orden de detención y según explicó el fiscal, cualquier unidad policial puede hacerla efectiva.

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