Loading...

$112.8 millones más para pagar salarios en presupuesto 2022

El proyecto de presupuesto para el 2022 plantea un aumento de casi el 5 % en remuneraciones para empleados públicos. Más de $2,400 millones del presupuesto del próximo año están reservados para el pago de salarios.

Enlace copiado
Salarios.  En la exposición del presupuesto 2022, Hacienda no menciona el tema del aumento en la masa salarial.

Salarios. En la exposición del presupuesto 2022, Hacienda no menciona el tema del aumento en la masa salarial.

Enlace copiado

Por tercer año consecutivo, el rubro de remuneraciones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación refleja un aumento.

Según el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, $2,446.4 millones estima el Ministerio de Hacienda que necesita para saldar el pago de salarios del sector público. Esto representa un aumento del 4.8 % respecto a lo proyectado para salarios durante este año.

Este es el tercer presupuesto que presenta la administración del presidente Nayib Bukele, y la tercera ocasión consecutiva que plantea aumento en el rubro de remuneraciones. En cifras, lo planteado para gastar el próximo año en remuneraciones es $112. 8 millones más que lo proyectado para el 2021.

Respecto al último presupuesto presentado y aprobado por la Asamblea Legislativa antes del cambio de gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en el 2019 —y que fue de $1,915.8 millones— hay una diferencia de $530.6 millones. Eso es lo que ha subido el pago de salarios durante la gestión Bukele en tres años.

La proyección de plazas varía de institución a institución. De igual forma lo hacen los tipos de plazas —ya sea ley de salarios o por contratos— por los que se harán efectivas en el presupuesto.

En este sentido, el articulado de la ley de salarios propuesto por Hacienda define que las plazas que queden vacantes y que sean financiadas con dinero del Fondo General "solo podrán utilizarse con la autorización del Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Hacienda cuando se trate de sustituciones de personal, cuyo reemplazo sea imprescindible e impostergable para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, debiendo justificar su utilización".

Lo anterior significa que cada institución debe solicitar la autorización de Hacienda antes de efectuar la contratación. De no contar con esta, "acarrea nulidad de dicho acuerdo, y por tanto, hará que este nombramiento no se considere válido".

La presentación de esta autorización para efectuar una contratación, sin embargo, no aplica para el caso de personal docente, plazas médicas y paramédicas, plazas en el Servicio Exterior, plazas para el personal de Ramo de Justicia y Seguridad y todas aquellas que se consideren necesarias en el marco del Plan Control Territorial (PCT), la apuesta del Gobierno en seguridad pública.

De igual forma, el artículo 3 de la ley de salarios propuesta establece que el traslado de plazas que estén por contrato a régimen de ley de salario están prohibidos a menos que estén justificadas dentro de lo que establece la Ley del Servicio Civil o algún otro instrumento jurídico que regule este tema (contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales).

Algunas cifras de plazas proyectadas para el 2022 son las siguientes: en la Presidencia de la República estiman la existencia de 512 plazas por Ley de Salarios, que representan una erogación de $3 millones, y 142 plazas por contratos por un monto de $1.8 millones; el Ramo de Hacienda contempla 2,527 plazas por Ley de Salarios que representan $16.2 millones y 1,169 plazas por contrato con una erogación de $12.6 millones; el Órgano Judicial proyecta la existencia de 7,213 plazas por Ley de Salarios, que significan al Estado la erogación de $60.6 millones, y 552 contratos por $5.2 millones.

La justificación del Gobierno para el aumento en remuneraciones es la contratación de personal de salud, de educación y la apertura de nuevas plazas en la Fuerza Armada, producto del reclutamiento de soldados anunciado por el presidente.

Sin embargo, el tema de las remuneraciones también tiene incluidos aumentos salariales para titulares de diversas instituciones, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general, ambos impuestos por el oficialismo el pasado 1 de mayo.

Aumentos

Por ejemplo, el presidente de la Corte pasará de tener un salario de $6,835.32 a $7,035.32, $5,621.03 como sueldo y $1,414.29 en concepto de gastos de representación. Los magistrados de la CSJ también tendrán aumento, de $5,540.75 a $5,740.75; $4,717.89 como sueldo y $1,022.86 por gastos de representación.

Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) también proyectan un aumento en sus salarios. El presidente de esa institución tiene $4,125 como salario y los comisionados $3,850. Para el presupuesto del 2021, sube en $700 su salario y llega a $4,825; mismo aumento registran los demás comisionados que pasarán a ganar $4,550.

A la fecha, información sobre remuneraciones del Órgano Legislativo no está disponible debido a que en los documentos del proyecto de presupuesto han eliminado la información de este.

UN PÚBLICO INFORMADO
DECIDE MEJOR.
POR ESO INFORMAR ES
UN SERVICIO DE PAÍS.
APOYA A LOS CIUDADANOS QUE 
CREEN EN LA DEMOCRACIA
Y HAGAMOS PAÍS.

Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.

HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Hágase miembro ahora

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines