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1,219 reos han quedado libres

Han sido puestos en libertad por el vencimiento de la detención provisional sin ser llevados a audiencia.
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Sin espacio. La falta de salas de audiencias  y la mora judicial genera el problema.

Sin espacio. La falta de salas de audiencias y la mora judicial genera el problema.

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A un total de 1,219 reos se les ha declarado su cese de detención provisional ya que sus respectivas audiencias no se han realizado debido a que en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel no cuentan con el espacio suficiente para hacerlas, aplicando los protocolos recomendados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que solo permiten un máximo de 25 personas en estos espacios.

Fuentes judiciales explicaron que los atrasos datan desde el comienzo de la implementación de las medidas extraordinarias en centros penales ordenada por el gobierno, pues impiden que los procesados puedan estar a disposición para la vista pública, debido a que solamente pueden hacerlo a través de videoconferencias y algunas instituciones no cuentan con la capacidad para esto, lo que atrasa los procesos y hacen que los plazos de detención provisional terminan venciendo

Agregaron que por esta situación las audiencias deben ser reprogramadas una y otra vez, lo cual hace que los plazos se vayan extendiendo y terminan llegando a los 24 meses que la ley permite la prisión provisional, y esto se agrava por el hecho que dentro de esos imputados existen delincuentes que son acusados por delitos graves como homicidio, extorsión, y opt otros, que quedan en libertad.

"Puedo garantizar que a la mayoría de los imputados se les vence la detención provisional en la fase de instrucción, en la fase investigativa, y nos hace falta la fase del juicio, la fase de la apelación en cámara y la fase de casación en la fase del penal", dijo la fuente

Manifestó, que los detenidos que recobran su libertas son puestos bajo medidas sustitutivas al arresto, para que cumplan con medidas alternas a la detención como asistir al juzgado a firmar cada 15 ,22 o 30 días. Aunque dijeron que se corre el riesgo que los procesados pueden huir en ese periodo y la única manera de controlarlos es a través de la videovigilancia con el uso de brazaletes electrónicos, pero aseguran que la Dirección General de Centros Penales les notificó hace un par de días que ya no cuentan con estos aparatos.

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