14 rutas han suspendido labores este año por amenazas de pandillas

La razón principal del paro de labores de los transportistas es el temor a sufrir represalias tras haber recibido amenazas por el pago de la extorsión. Piden a la PNC seguridad para el sector.
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Alternativa. Usuarios de la ruta MB 10-L, que conecta Quezaltepeque con el desvío a Opico, resultaron afectados por el paro de las unidades. Empleados dijeron que pandilleros los amenazaron.

Alternativa. Usuarios de la ruta MB 10-L, que conecta Quezaltepeque con el desvío a Opico, resultaron afectados por el paro de las unidades. Empleados dijeron que pandilleros los amenazaron.

Estacionados. Unidades de la ruta de buses 41-B fueron estacionadas el jueves pasado por amenazas de pandillas.

Estacionados. Unidades de la ruta de buses 41-B fueron estacionadas el jueves pasado por amenazas de pandillas.

Exigencia. empleados de la ruta 41-B dijeron que les habían exigido $5,000 como extorsión.

Exigencia. empleados de la ruta 41-B dijeron que les habían exigido $5,000 como extorsión.

Afectados. Decenas de usuarios resultaron afectados ayer por el paro de labores de la ruta 10-L, que viaja entre Quezaltepeque y San Juan Opico (La Libertad).

Afectados. Decenas de usuarios resultaron afectados ayer por el paro de labores de la ruta 10-L, que viaja entre Quezaltepeque y San Juan Opico (La Libertad).

14 rutas han suspendido labores este año por amenazas de pandillas

14 rutas han suspendido labores este año por amenazas de pandillas

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Unas 14 rutas de transporte colectivo del país han paralizado labores durante el año, según datos del sector. Aunque las suspensiones han ocurrido en distintas zonas y lugares del país, empleados y empresarios coinciden en que la medida ha respondido a una misma razón: amenazas de pandillas como exigencia del pago de la extorsión.

El caso más reciente ocurrió ayer: la ruta de microbuses MB 10-L, que conecta Quezaltepeque con el desvío hacia San Juan Opico (ambos municipios de La Libertad), dejó de laborar debido al acoso pandilleril que han sufrido motoristas y cobradores en los últimos días, según el testimonio de los empleados.

Un equipo de LA PRENSA GRÁFICA hizo un recorrido por el sector donde viaja esa ruta y pudo constatar que ninguna de las 13 unidades que conforman la flota circuló ayer. Además, la caseta de despacho estuvo cerrada en la meta de las unidades en Quezaltepeque, como evidencia de la nula actividad.

La medida provocó que decenas de usuarios tuvieran problemas para transportarse en el trayecto que cubre la MB 10-L, donde según los testimonios hay varios caseríos. Como alternativa, los usuarios abordaron pick up y camiones que se dispusieron a hacer el recorrido.

“Esto está difícil, nos cuesta movilizarnos porque solo esa ruta llega hasta donde vivimos”, dijo una de las habituales usuarias. La mujer, sin embargo, señaló que no conocía las razones de la suspensión de labores.

Transportistas de la ruta consultados sobre las razones del paro señalaron, bajo anonimato, que un grupo de pandilleros le ha exigido a los empresarios un monto mayor a lo que usualmente pagan en concepto de extorsión. En caso de no pagar, dicen, los amenazaron con quemar las unidades o atentar contra la vida de empleados: motoristas y cobradores.

Pese a esa amenazas, ayer no había presencia policial en la zona de Quezaltepeque donde se ubican la meta y la caseta de despacho de los microbuses MB 10-L.

El jueves pasado, la ruta de microbuses 41-B, que se desplaza entre Soyapango y San Salvador, también suspendió labores tras recibir amenazas de parte de supuestos pandilleros.

Los propietarios de las unidades dijeron, en anonimato, que las pandillas les exigen una cantidad de $5,000, para que puedan operar sin problemas, por lo que optaron en parar labores por el temor a represalias.

De acuerdo con las estadísticas del sector, el mes con más suspensiones de labores fue marzo. En ese mes hubo cinco rutas que decidieron apagar los motores de las unidades de transporte tras ser amenazados por supuestos grupos de pandillas: 140, 2-A, 6-A, 14 y 236.

El segundo mes con más casos de suspensión de labores de transportistas en este año fue enero, con cuatro rutas: 43, 41-A, 49 y 41-D. Tres de ellas de Soyapango, un municipio que ha sido golpeado constantemente por el acoso al sector en los últimos meses.

Los transportistas han alegado permanentemente la falta de seguridad, lo que según ellos les ocasiona grandes pérdidas económicas por las extorsiones.

La Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS) dijo en marzo pasado que las distintas rutas del país pagaban un estimado de $26 millones por año a pandilleros, en concepto de extorsión. Los empresarios llegan a ese monto al multiplicar el promedio de extorsión exigido por los pandilleros a los dueños de las 10,500 unidades (buses y microbuses) que conforman la flota de transporte colectivo.

Catalino Miranda, presidente de inversiones y negocios de FECOATRANS, dijo ayer que el rubro es de los más afectados por la inseguridad y la delincuencia, debido a que son un “blanco fácil para que los delincuentes obtengan dinero por medio de la renta”.

Miranda, además, considera que a pesar de las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno para combatir a las pandillas, el sector transporte seguirá pagando extorsión.

“Seremos los últimos en ver una disminución de las extorsiones. La ‘renta’ es muy difícil que se nos quite a los transportistas. No creo que dejemos de pagar por un tiempo”, dijo.

Miranda fundamenta su valoración en que una ruta de buses paga “renta” hasta a tres grupos diferentes de pandilleros. El empresario también sostiene que si se logra disminuir el chantaje, podrían aumentar los robos y los asaltos en las unidades de transporte.

En resumen, Miranda considera que el sector siempre es vulnerable a la delincuencia, por lo que adelantó que están trabajando con las autoridades de Seguridad Pública en un plan para proteger a las rutas de buses y sus empleados y dueños.

Nelson García, el viceministro de Transporte, coincidió con Miranda sobre las pláticas para mejorar la seguridad en el sector. El funcionario dijo ayer que como Viceministerio de Transporte (VMT) han coordinado el diálogo entre empresarios y la PNC, por lo que espera que esas pláticas arrojen resultados positivos: “Creemos que en la medida en que los empresarios se involucren más con la PNC, los casos van a disminuir”.

Sin embargo, hay casos de suspensión de labores de algunas rutas que están precedidas de ataques armados a los empleados, donde han resultado muertos motoristas o cobradores. En lo que va de 2016, ya suman 25 transportistas asesinados. Aunque las autoridades vinculan esas muertes a muchas causas donde destacan represalias por problemas personales, rivalidades y pugnas entre pandillas rivales, investigadores dicen que muchos casos sí están relacionados con el impago de la “renta”.

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