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$2.3 mill para nueva flota de vehículos para jueces

Presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó que en julio adjudicaron la licitación por $2.3 millones para la compra de 131 vehículos, 117 de ellos con placas particulares. Corte planea más compras para próximos años.
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La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adjudicó el pasado 4 de julio una licitación por $2,324,150.00 para la compra de 131 vehículos.

La Corte Suprema solicitó a los licitantes que garantizaran que se les colocaría placas particulares a 117 de los 131 automóviles, cuyos modelos se desglosan así: 109 carros tipo sedán, un sedán tipo “hatchback” y siete pick-up 4 x 4 (ver detalle en infografía). Esto supone que los jueces que utilizarán estos recursos públicos podrán decidir sobre su uso sin la restricción de cualquier vehículo propiedad del Estado con placa nacional.

El presidente de la Corte Suprema, Armando Pineda Navas, explicó que realizaron la compra de esos vehículos para mejorar la seguridad en la movilidad de los jueces y para reducir el gasto en el mantenimiento de la flota vehicular del Órgano Judicial, que, según varios magistrados, ya está deteriorada.

“Desde ya hace cinco años o más se está haciendo una renovación, porque hay carros que no dan seguridad, y pasan más tiempo en los talleres de reparación, y eso para la Corte es contraproducente porque se gasta más”, afirmó Pineda Navas.

Empleados de la DACI dijeron que no pueden dar mayor información sobre el proceso ni de cómo van a ser distribuidos los vehículos, debido a que las etapas de la licitación no han concluido. En COMPRASAL, el portal de compras del Estado, aparece el pasado 18 de julio como fecha de contratación, no obstante no se precisa la fecha de cierre del concurso.

La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte, Doris Luz Rivas Galindo, confirmó la versión del presidente de la CSJ: “La verdad es que se está dando prioridad a los tribunales y equipos multidisciplinarios de todo el país”, aseguró la magistrada.

Los requerimientos de la Corte precisan que los automóviles comprados deben ser modelos entre el año 2016 y 2017. Además, el proveedor debe garantizar la existencia de repuestos en “stock”, mantenimiento preventivo cada 5,000 kilómetros –hasta un máximo de 50,000 km–, una revisión gratis a los 1,000 kilómetros y el pago de la matrícula.

Entre los vehículos adquiridos, como se detalla arriba, hay un sedán “hatchback”, lo cual refiere a un carro que tiene una zona de pasajeros con el espacio del maletero integrado. Algunas marcas reconocen este tipo de vehículos como “sportback”, pues se hace énfasis en su calidad de automóvil deportivo y en su estilo para realizar maniobras en espacios reducidos. La Corte solicitó expresamente en los lineamientos de la licitación que el vehículo compacto tuviese un sistema de inyección electrónico, una suspensión delantera de tipo “MacPherson”, emblemas remachados en el exterior y un sistema de radio CD.

Según el presidente de la Corte, la compra reciente es parte de un programa que data desde hace cinco años, con el cual van buscando una renovación escalonada de vehículos, y que podría extenderse hasta 2018, con el fin de modernizar la flota de vehículos para más de 600 jueces y magistrados del país.

Reciente compra similar

Ya en 2014 la Corte Suprema pagó $2,894,012.25 por 101 vehículos sedán –modelos entre 2014 y 2015–, dos microbuses para 15 personas, 37 pick-up doble cabina, 102 motocicletas todo terreno y cuatro microbuses para 28 o 30 personas. En el registro público de dicho proceso tampoco se evidencia una fecha de cierre completo de la licitación.

En aquel momento la licitación fue distribuida entre las empresas: Global Motor –$198,890–; Automax, S. A. de C. V. –$768,675–; Distribuidora de Automóviles –$280,137.19–; y Grupo Q El Salvador, S. A. de C. V. –$1,646,300–.

La licitación para la compra de vehículos de este año fue adjudicada a Automax y a Grupo Q.

El magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sergio Luis Rivera aseguró que la distribución de los vehículos adquiridos en 2016 priorizará a aquellos jueces que no se han visto beneficiados recientemente por el programa de renovación de vehículos. “Esto es algo que va según prioridades, hay jueces que probablemente hayan tenido una dotación de vehículos antiguos, la prioridad son ellos”, afirmó el funcionario.

El magistrado manifestó que espera que se respete el criterio de distribución establecido por los titulares del Órgano Judicial. Además recalcó que no hay que ver la compra como un gasto, porque el mantenimiento de la flota antigua les sale aún más caro.

“El quehacer administrativo siempre amerita una revisión, problemas siempre van a encontrar”, afirmó Rivera.

Desaprobación

“Vaya a ver. Dicen que ya llegó la nueva flota de carros para los jueces”, señaló la semana pasada un empleado del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde funciona la mayoría de tribunales del país, mientras terminaba de anotar en una lista todas las limitaciones de recursos con las que debe lidiar día con día.

“Pero y cómo, si hace dos años les dieron nuevos”, le contestó otro empleado refiriéndose a la compra de vehículos que realizó la Corte en el año 2014.

Los empleados del Isidro Menéndez consultados se mostraron indignados porque no entienden cómo la Corte prioriza la compra de vehículos para titulares por sobre las reparaciones de infraestructura o deja sin solventar el desabastecimiento de materiales en algunos juzgados. (Ver nota secundaria).

“Va al baño y hay una fuga de agua de hace un mes, en el baño de hombre público. Las tuberías zafadas, porque dicen que no hay pisto para reparaciones. Sale en la noche y va a ver las luminarias quemadas. Las paredes están pelándose... En la clínica no hay medicinas, dicen que hasta el otro mes”, se queja el empleado.

“Ahí donde estamos nosotros entra el agua cuando llueve”, denuncia otro burócrata.

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