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$22 mill perdidos por auditorías archivadas en CCR

Los casos son del período 1999 a 2013. Ya caducaron y no pueden revivirse en la Corte de Cuentas. El ISSS, el Ministerio de Hacienda, el MOP y al menos 47 alcaldías se libraron de pagar multas por corrupción.
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Incautación. El pasado 11 de agosto la FGR incautó 48 expedientes de auditorías y juicios de cuentas caducados.

Incautación. El pasado 11 de agosto la FGR incautó 48 expedientes de auditorías y juicios de cuentas caducados.

$22 mill perdidos por auditorías archivadas en CCR

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Archivar auditorías y juicios de cuentas y como consecuencia no castigar la corrupción en algunas de las 443 instituciones públicas y mixtas que manejan fondos del Estado es una vieja práctica en la Corte de Cuentas de la República (CCR), según el informe “Detalle de los expedientes de auditorías en los que no se tramitó el juicio de cuentas respectivo, durante el período 1999 al 2013”. Engavetar esos expedientes trajo como consecuencia que el Estado dejara de percibir más de $22 millones.

Algunas de las auditorías archivadas ni siquiera alcanzaron a pasar por las manos de los jueces de cuentas de las diferentes cámaras de Primera Instancia, sino que se fueron directamente al archivo. Otras sí pasaron por algunos jueces como Carlos Ernesto Álvarez Barahona y Teresa Esperanza Guzmán, pero igual fueron a parar al archivo, según el informe.

Durante ese período, de acuerdo con el documento, la Corte envió un total de 255 expedientes al archivo. De todos esos, solamente 67 auditorías lograron finalizar y señalar hallazgos de irregularidades en el manejo de los fondos, por lo que los auditores recomendaron a los jueces imponer multas que sumadas alcanzaban los $22 millones. No obstante, la mayoría de esos expedientes, es decir 188, fueron enviados al archivo sin haber finalizado la auditoría, por lo que los $22 millones son apenas una ínfima parte de lo que el Estado podría haber recibido.

Esta situación fue denunciada desde 2013 en la Fiscalía General de la República (FGR) por el exmagistrado presidente Rosalío Tóchez, quien acusó a sus antecesores, Hernán Contreras y Gregorio Sánchez Trejo, de permitir que se hiciera tradición archivar auditorías y consecuentemente ocultar la corrupción. La Fiscalía de esa época, dirigida por el exfiscal general Luis Martínez, solamente recibió la denuncia, pero nunca inició las investigaciones para deducir responsabilidades y perseguir penalmente a los que supuestamente hacían favores o cobraban a políticos y funcionarios para archivar las auditorías o incluso, según las denuncias, borrar hallazgos para aparentar transparencia.

La Fiscalía de ese entonces tampoco inició investigaciones por los juicios que caducaban por negligencia o malicia. Fue hasta mayo de este año que la Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía le tomó la palabra al sucesor de Tóchez, el exmagistrado presidente Johel Valiente, cuando denunció que jueces habían dejado caducar juicios de cuentas por corrupción en ANDA, MOP, Hospital Rosales, la Alcaldía de Santa Ana, entre otros. Tras esa denuncia, la Fiscalía incautó el jueves pasado 48 expedientes de auditorías y juicios de cuentas que sí llegaron hasta su final pero que nunca fueron notificados, lo que representó otros $2.2 millones de multas perdidas.

casos archivados

Entre los casos archivados está el de un examen a los estados financieros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) correspondiente a 2001, cuando la auditoría reveló, sin mayores detalles, que las irregularidades ameritaban una multa de $11.4 millones. Esa multa nunca fue impuesta porque el caso se apiló en el archivo. Durante ese período, la directora del ISSS era la actual diputada Ana Vilma de Escobar.

Las auditorías archivadas también revelan que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano reflejó en 2001 anomalías que ameritaban una multa de $4.6 millones, pero nunca fue cobrada porque la sentencia nunca fue emitida y menos notificada.

En 2002, una auditoría al Ministerio de Hacienda, dirigido en esa época por Juan José Daboub, reflejó irregularidades en un examen especial relacionado con la deuda política que ameritaba una multa de $819,878.91. Pero el expediente también fue archivado.

Asimismo, 47 auditorías a alcaldías fueron archivadas sin haber determinado a cuánto ascendían las irregularidades.

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