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27,200 personas han acudido a la Procuraduría General de la República para reportar anomalías en sus despidos

Entre enero y octubre, la Procuraduría General de la República logró recuperar $7.6 millones para resarcir a los afectados, a quienes les debían sus salarios y sus indemnizaciones.

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Usuarios.  Un promedio de 90 personas acude a diario a la Unidad de Defensa de los Trabajadores de la PGR para solicitar que les brinden ayuda legal.

Usuarios. Un promedio de 90 personas acude a diario a la Unidad de Defensa de los Trabajadores de la PGR para solicitar que les brinden ayuda legal.

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Solo hasta octubre pasado, 27,255 personas se habían abocado a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar ayuda tras haber sido despedidas de forma irregular. De este total, 17,710 son hombres y los 9,545 restantes son mujeres.

El año pasado la cifra de afectados por despidos anómalos que buscó apoyo en la Procuraduría ascendió a 31,535. Un año antes, en 2016, fue de 27,548.

De acuerdo con la coordinadora nacional de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR, Evelin de Membreño, la cantidad de personas que alegan despidos con anomalías o injustificados sube principalmente en los años de elecciones municipales y cuando hay cierre de maquilas.

En 2015, por ejemplo, unas 1,250 de las 31,360 solicitudes de apoyo legal que recibió la institución correspondieron al cierre de dos maquilas en el municipio de Zacatecoluca, en La Paz.

La unidad que coordina De Membreño atiende el 95% de los trabajadores despedidos que inician procesos con sus empleadores por distintas causas, solo un 5% se hace representar por abogados privados, según detalló.

El impago de la indemnización por despido injusto encabeza la lista de los derechos laborales vulnerados con mayor frecuencia en este tipo de casos. Le siguen el impago de vacaciones y aguinaldo proporcional, el impago de vacaciones completas, deuda de salario por días trabajados y el impago de horas extras.

Siempre el período de tiempo comprendido entre enero y octubre, la PGR ha logrado recuperar $7.6 millones para resarcir a los más de 27,000 afectados: $4.9 millones para hombres y $2.7 millones para mujeres.

Por lo general, esa cifra suele llegar a ser de $8.5 millones o $9.5 millones por año.

Poco más de $828,000 de ese millonario total que corresponde a los primeros 10 meses de este año fueron recuperados por los únicos cinco ejecutores de embargos que trabajan para la PGR a escala nacional.

Y todo este dinero no solo le viene bien a los más de 27,200 beneficiarios directos, sino también a las personas que dependen económicamente de ellos. Para 2018, los beneficiarios indirectos suman más de 29,300.

Los servicios que ofrece la PGR son la representación administrativa o la representación judicial, porque puede ser que representen a los afectados ante el Ministerio de Trabajo, que es una sede administrativa, si lo que están buscando es llegar a un acuerdo conciliatorio con su empleador; o lo representan de forma judicial, ya interponiendo una demanda por el resarcimiento completo de las prestaciones adeudadas.

Uno de los servicios que presta el Ministerio de Trabajo en este tipo de casos son las conciliaciones administrativas, es aquí cuando los abogados de la Procuraduría representan a los despedidos para tratar de igualar las condiciones jurídicas con las que se va a enfrentar con el empleador, que la mayoría de veces ni siquiera se presenta, sino que manda a sus apoderados legales.

Ganar los casos, sin embargo, es una cuestión difícil. El mayor problema en materia laboral está en la prueba, porque los empleadores tienen toda clase de pruebas y muchos testigos, tienen expedientes, contratos, pero el trabajador nunca tiene nada.

"Aunque algunos de los compañeros de trabajo hayan escuchado el despido, cuando les dicen: ‘Andate y ya no vengás mañana’, nadie quiere servir de testigo, por guardar su trabajo. Los trabajadores nunca guardan documentos, deberían guardar archivos de su situación laboral, pero todo lo van rompiendo. Y a la hora de venir acá no tienen prueba de nada que demuestre la relación laboral, porque nunca pidieron ni una constancia de tiempo trabajado o de salario, y si se las dieron no la guardaron o rompieron los tacos del seguro, por poner un ejemplo", explicó De Membreño.

El primer paso que debe dar una persona a la que hayan despedido de forma irregular es solicitar en el Ministerio de Trabajo un cálculo del monto que su empleador le adeuda.

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