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32 mujeres y adolescentes se suicidaron en El Salvador estando embarazadas

Así lo reportan el IML y el UNFPA. Los datos corresponden a los años comprendidos entre 2011 y 2018, y la cifra podría ser más alta. En algunos casos, no hay claridad sobre los motivos.

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Sandra tenía 13 años cuando los pandilleros de la zona tocaron a la puerta de la casa de su madre. Con esas palabras, transcritas de forma textual, inicia la narración de una de las 14 historias de adolescentes y mujeres jóvenes que se quitaron la vida estando embarazadas, y que constituyen la última publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado "¿Sin opciones? Muertes maternas por suicidio".

La historia de Sandra incluye maltrato físico por parte de su padre, acoso sexual y violación por parte del líder de una pandilla y un embarazo no planificado. Para terminar con esa vida de esclavitud, compró y se tomó varias pastillas de sulfuro.

Como la de Sandra, el documento también recoge las historias: de Lucía que escapó de las golpizas de su madre cuando apenas tenía siete años y una década después una familia de acogida la encontró agonizando en la bodega de su casa tras haber ingerido un herbicida; de Blanca, quien tomó matarratas cuando tenía nueve años y 18 semanas de embarazo; de Mirna, quien estaba ilusionada con su primer embarazo hasta que el padre de su bebé fue asesinado por no pagar la "renta" de la extorsión; de Inés, quien ingirió un pesticida a base de fosfuro de aluminio tras varios meses de una depresión a causa de que su único novio en 29 años se había casado otra; tenía cinco meses de embarazo, era el segundo y ninguno fue deseado.

Y así el resto de historias, en distintos lugares, a distintas edades, porque "este es un problema estructural que, de nuevo, tiene su origen en la desigualdad de género", advirtió el representante del UNFPA en El Salvador, Hugo González.

El denominador común en todos los casos, recalcó, fueron las expresiones de violencia, la ausencia de información, la falta de la educación integral de la sexualidad y fallas en el sistema público de salud.

A su juicio, en la mayoría de los casos hubo muy poco de proyectos académicos y eso fue un factor determinante para que también hiciera falta empoderamiento y mejores oportunidades laborales y económicas.

También sumó el hecho de que hubo poco acceso a servicios de salud básicos como la planificación familiar. Agregó que hay fácil e irrestricto acceso a insecticidas y plaguicidas. Y no dejó de lado otro fenómeno: un mercado negro y sin escrúpulos que vende pesticidas, plaguicidas y herbicidas como sueros para abortos clandestinos.

De los 18 casos de suicidios que el Instituto de Medicina Legal (IML) reporta entre 2013 y 2018, 17 fueron cometidos por medio de intoxicación o envenenamiento y solo uno por ahorcamiento.

Más vulnerables

La tipificación que de estos 18 casos hace el IML es clara: "Suicidios donde el factor precipitante fue el embarazo no deseado".

¿Cómo Medicina Legal llegó a esa conclusión? No lo sabe explicar González, aunque a esa estadística suma otros 14 casos de adolescentes y mujeres jóvenes que se quitaron la vida entre 2011 y 2012, para contabilizar un total de 32.

"Al final, pareciera que el embarazo es una situación que las hace sentirse en una situación todavía de mayor vulnerabilidad, aun cuando ese embarazo es deseado, pero en una situación más crítica cuando ese embarazo es producto de una violación", destacó el representante del UNFPA.

González reiteró que una de las claves para reducir estas cifras y para prevenir este tipo de situaciones es, sin duda alguna, la educación integral de la sexualidad, desde las propias casas y a cargo de los padres, familiares o tutores, y desde los centros escolares.

"La educación integral de la sexualidad podría prevenir una situación como un embarazo no planificado. Pero ante la falta de esa educación integral, ¿qué nivel de autoprotección existe?, ¿qué nivel de diálogo se da entre madres, padres e hijos sobre cómo proteger a sus hijos ante una vida sexual activa y reproductiva?, ¿qué métodos de planificación existen?, ¿cómo sus hijos pueden acceder a ellos?, ¿cómo apoyar que sus hijos tengan garantizado el acceso a ellos?", cuestionó.

En cualquiera de los escenarios, hizo falta una red de apoyo, tanto en sus familias como en las instituciones estatales a cargo de garantizar educación, seguridad, salud, protección social y legal, en lugar de haber sido víctimas de juicios morales por parte de sus comunidades o entornos.

Otro de los temas que González trajo a cuenta es precisamente la discusión necesaria y obligatoria que el país debe tener en torno a la despenalización del aborto, ya que en la mayoría de situaciones las maternidades fueron forzadas o impuestas como resultado de incestos y abusos sexuales y los desenlaces no ocurrieron sin la complicidad de un sistema que sigue mostrándose inflexible e indolente frente a estos casos, que podrían ser todavía más, porque hay ocasiones en las que el estado de gestación fue conocido solo con una autopsia.

Si se dan casos en los que no haya una autopsia de por medio, podría haber un subregistro de este tipo de casos.

"Si ellas hubieran tenido la opción de decidir, sí o no, a interrumpir sus embarazos de forma segura cuando este fue resultado de una violación o de un incesto, hubieran ejercido su derecho a la vida, a la salud y a la privacidad", manifestó González.


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