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40% del agua que consume el país viene del exterior

Por 15 años, organizaciones de la sociedad civil han luchado por una ley integral del agua con enfoque de derechos humanos y un ente regulador estatal. Con el deterioro de los caudales, esta ley cobra más importancia.

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Amenaza.  El presidente Nayib Bukele ha amenazado, vía Twitter, con vetar la Ley del Agua que apruebe la Asamblea Legislativa saliente.

Amenaza. El presidente Nayib Bukele ha amenazado, vía Twitter, con vetar la Ley del Agua que apruebe la Asamblea Legislativa saliente.

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El Salvador depende, en un 40%, del agua que proviene del exterior, de acuerdo con el informe "La situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada", publicado por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés). Esto, a pesar de que el país tiene un régimen de lluvias de hasta 1,800 milímetros, es decir, 1,800 litros de agua por cada metro cuadrado.

Durante 15 años, organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, diferentes iglesias y universidades se han unido para exigir una ley general de aguas con enfoque de derechos humanos, que garantice el agua potable a toda la población, pero "no tenemos en nuestro país ninguna autoridad para la gestión integrada de cuencas, ni siquiera para el ‘Nilo de El Salvador’ (el Río Lempa), que es nuestra principal fuente de agua potable y que contribuye en forma importante a nuestra energía eléctrica", expresó Miguel Araujo, presidente Ejecutivo de SalvaNatura y presidente Pro Tempore de GWP El Salvador, a través de un comunicado en el marco del día mundial del agua, el 22 de marzo.

Asimismo, advirtió que el país está cerca de caer en un estrés hídrico en el que el agua potable no alcanzará a cubrir las necesidades básicas de la población.

El pasado martes 24 de mayo, la Comisión Legislativa de Medio Ambiente aprobó lineamientos sobre la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), superando el factor que había mantenido atascados los avances: la inclusión de la empresa privada en el ente regulador del recurso hídrico. De esta forma, ANA estará conformada únicamente por miembros del sector público.

Andrés Mckinley, especialista en los temas de agua y minería y catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA), manifestó que la Autoridad Nacional de Agua cumple con el requisito de ser un ente puramente estatal, pero que faltaría en este la participación de las organizaciones de sociedad civil que han estudiado y trabajado el tema hídrico.

"El agua es un bien público y tiene que manejarse por un ente público, estatal. Como organizaciones sociales no estamos dispuestos a negociar eso", dijo Mckinley, quien ha observado y apoyado los movimientos para una ley de aguas con enfoque de derechos humanos.

"Falta el principio que es tan importante para nosotros: la participación ciudadana", agregó, señalando que en la propuesta de las organizaciones sociales está incluido un ente consultor de "otros actores que deben poder opinar, pero sin poder de decisión sobre las políticas y planes hídricos en el país".

Además, señala la importancia de crear una ley con enfoque de cuencas, asegurando que el problema del agua del país radica en el manejo de las cuencas hídricas, "lo que realmente va a hacer una diferencia en la disponibilidad del vital líquido para los salvadoreños", destacó.

De acuerdo con el informe, El Salvador presenta una baja eficiencia en cuanto a la distribución del agua, con una superficie de riego de 29,000 hectáreas y una eficiencia de riego muy baja , del 21% además, una demanda de 577 millones de metros cúbicos (MMC) por año para consumo humano.

El informe estima pérdidas en la distribución para el abastecimiento de la población entre el 47% y el 48%.

Mckinley sostuvo que lo esencial es una ley de aguas que garantice también una distribución que priorice el acceso al líquido para la población y no para las empresas.

Luego de que la Asamblea aprobara los nuevos lineamientos sobre la conformación de ANA, el presidente de la República, Nayib Bukele, amenazó a través de su cuenta de Twitter con vetar la ley.

"¿LEY DEL AGUA APROBADA POR LOS DIPUTADOS SALIENTES? NO SEÑORES, ¡VETO! (sic) Y si lo superan, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva Asamblea antes de que entre en vigencia. ¿Si entienden lo que significa irrelevancia política, verdad?", escribió el mandatario en Twitter.

Para Mckinley, esta acción denota falta de compromiso con la buena gestión del agua.

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