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50 servidores públicos adeudan multas al TEG

En la lista del TEG se encuentran el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el exalcalde de San Miguel José Wilfredo Salgado.
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Críticas.  Organizaciones civiles han criticado el papel del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) porque no ha dado resultados importantes. Piden reformar la ley.

Críticas. Organizaciones civiles han criticado el papel del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) porque no ha dado resultados importantes. Piden reformar la ley.

50 servidores públicos adeudan multas al TEG

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Al menos 50 funcionarios y exfuncionarios adeudan $53,156.40 en multas interpuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por violar la normativa de Ética, como realizar actividades privadas durante las jornadas ordinarias de su trabajo, nombrar familiares en sus mismas instituciones, recibir dádivas y usar recursos públicos para actividades partidarias.

Según documentos entregados por la oficina de información pública del TEG, los morosos fueron multados entre 2013 y septiembre de 2016, y hay otros 36 multados que ya pagaron un total de $18,475.

El informe publicado en la página web de la institución indica que desde 2007 el TEG ha multado a 139 servidores públicos.

En la documentación remitida por el oficial de información del TEG se explica que de los 50 morosos, 27 aún están dentro del plazo legal de 60 días establecidos para cancelar la multa. Estos le deben al Estado un total de $15,441.90.

En esta lista aparece el alcalde municipal de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, multado con $2,517 por cometer la falta de nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley. Ha designado en cargos importantes en la comuna a su primo, hermano, cuñada y esposa.

También se incluye a la exalcaldesa de Mejicanos Juana Lemus Flores viuda de Pacas, sancionada con $484.80 por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.

Además, se suman a los deudores otras cinco personas que no han acreditado el pago ante el TEG después del plazo legal de 60 días, quienes le deben al Estado un monto de $12,693.

Entre ellos se encuentra el ex fiscal general de la República Luis Martínez, multado con $8,964 por haber cometido la falta de solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, cualquier bien o servicio de valor económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones.

Martínez, determinó el TEG, recibió dádivas por favorecer al empresario Enrique Rais en procesos de la Fiscalía. El presidente del tribunal, Marcel Orestes Posada, aseguró en su momento que Martínez “vendió justicia”. Según el TEG, este solicitó informe a la Dirección General de Tesorería (DGT) sobre el pago.

También está el exalcalde municipal de San Miguel José Wilfredo Salgado, multado con $2,517 por hacer política partidaria durante labores. Salgado explicó que ha recurrido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia porque considera que la sanción “es injusta” y es “solo por molestarlo”. El exalcalde aseguró que le han impuesto tres multas, aunque el TEG solo da cuenta de una.

Por otra parte, desde 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene pendiente de realizar el cobro a 18 funcionarios y exfuncionarios, por un total que asciende a los $25,021.50.

En estos casos se encuentra José Roberto Rivera Parada, jefe del Destacamento Militar de La Unión del Ministerio de Defensa, a quien se le impuso una multa de $1,792.80 por exigir a los subordinados hacer actividades ajenas a la institución. Según el TEG, este interpuso una demanda en la Sala de lo Contencioso; sin embargo, no suspendió el proceso.

Además están Nelson Ulises Martínez Guzmán, jefe de la Unidad Técnica de Planificación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), multado con $2,241 por recibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado; y Mireya Lissette Guevara de Samayoa, exasesora del grupo parlamentario de GANA, quien adeuda $4,482 por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.

El informe destaca que entre los más amonestados se encuentran funcionarios de los gobiernos municipales y también del Órgano Judicial.

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