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60 diputados salientes no declararon su patrimonio a Corte Suprema de Justicia

Probidad inicia procesos sancionatorios, que pueden tardarse entre tres a seis meses. Exdiputados alegan que no presentaron declaración por descuido y falta de tiempo.
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Un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indica que 60 diputados, entre suplentes y propietarios, de la recién finalizada legislatura 2015-2018, no presentaron en el plazo establecido su declaración patrimonial de cese de funciones, tal como lo exige la Ley de Enriquecimiento Ilícito vigente.

Los diputados están obligados a presentar una declaración jurada en la que describan su patrimonio y el de su círculo familiar al asumir su cargo. También deben hacerlo al finalizar sus períodos. Esto para que la Sección de Probidad pueda tener un parámetro inicial para auditar su riqueza y poder determinar si existen o no indicios de enriquecimiento ilícito.

Entre los exfuncionarios de la legislatura 2015-2018 que no habían entregado su declaración jurada de cese de funciones, al 16 de julio pasado, están 45 diputados suplentes y 15 propietarios: Ricardo Ernesto Godoy Peñate, Cristina Esmeralda López, Vilma Carolina Rodríguez Dávila, Jackeline Noemi Rivera, Vicente Hernández, José Santos Melara Yanes, Ana Vilma de Escobar, Johnny Wright Sol, Róger Blandino Nerio, Guillermo Gallegos, Raúl Omar Cuéllar, Juan Valiente, Calixto Mejía, Jorge Alberto Escobar Bernal, Abilio Orestes Rodríguez, entre otros.

La Corte únicamente reportó cinco exdiputados de la legislatura 2015-2018 que no presentaron su declaración de toma de posesión, y contra quienes Probidad ya inició un proceso sancionatorio: Carlos Ramírez, Cristina López, José Iraheta, Samuel Eliseo Hernández y Yesenia Rivera Flores.

Los diputados que no han entregado la información al cese de su función tienen ya una mora de más de 15 días, debido a que la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece que la declaración jurada de cese de funciones debe ser entregada 60 días después de que el funcionario termine su gestión. Los diputados salientes terminaron su trabajo en la Asamblea Legislativa el 30 de abril pasado.

El artículo 17 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito dicta “multas de cien a cinco mil colones, a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado en el artículo 3 y les fijará un nuevo plazo prudencial para que lo efectúen”, lo que representan multas máximas de $571.43.

Además, el artículo 18 determina que si el funcionario no presenta la información en el nuevo plazo prudencial, entonces será cesado de su cargo, exceptuando los que han sido elegidos en sus cargos por voto popular.

El manual de Probidad establece un total de 18 pasos para recibir las declaraciones patrimoniales y 54 etapas para controlar el universo de funcionarios obligados a presentar sus declaraciones. Fuentes de la Corte aseguraron que la resolución de la sanción puede durar en salir de la Sección de Probidad entre tres a seis meses. Actualmente Probidad solo tiene una persona trabajando el tema de las multas.

Fuentes de la Corte también explicaron que las declaraciones juradas no son documentos indispensables para iniciar una auditoría, aunque aparezcan citadas en el paso cinco del procedimiento de “Investigación de funcionarios públicos con presunción de enriquecimiento ilícito”, consignado en el manual de procedimientos de Probidad.

Al 16 de julio pasado, la Sección de Probidad únicamente tenía en firme cuatro procedimientos de imposición de multa contra exdiputados: tres por $200 y uno por $300.

Las excusas

LA PRENSA GRÁFICA contactó a algunos de los diputados salientes que no han entregado la información a Probidad. La justificación más común al retraso consiste en la falta de tiempo en sus agendas para poder recabar toda la información disponible.

Por ejemplo, el exdiputado de ARENA Juan Valiente aseguró que le ha costado integrarse a la vida laboral privada y le hacía falta cierta información patrimonial de su esposa, lo cual retrasó la entrega. Sin embargo, aseguró que la declaración está lista y podría ser presentada hoy mismo.

Otro caso consultado por LA PRENSA GRÁFICA fue el de la exdiputada del PCN, y ahora asesora legislativa, Cristina López, quien aseguró que nunca entregó la información de toma de posesión ni de cese de funciones porque su partido nunca le comunicó que debía hacerlo. Según información de la Corte, ya existe un expediente sancionatorio en su contra.

El expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA Guillermo Gallegos aseguró que no ha presentado su declaración de cese de la legislatura pasada debido a que todavía se encuentra recabando información importante para poder añadirla. La Sección de Probidad terminó hace meses el examen patrimonial a periodos anteriores de Gallegos, a quien le señalaron cerca de $3 millones injustificados.

El exdiputado del FMLN Calixto Mejía aseguró que en su caso no ha presentado su declaración patrimonial de cese de funciones por un descuido. Mejía aseguró que ya tiene el documento listo y que este será presentado en los próximos días.

En la misma situación se encuentran 28 diputados entrantes, entre suplentes y propietarios, de la legislatura 2018-2021, quienes ya acumulan mora respecto a los 60 días posterior a su toma de posesión, pues aún no han entregado a la Sección de Probidad su declaración de toma de posesión.

La Sección de Probidad también reportó 16 exdiputados del período 2012-2015 contra quienes ya se abrió un expediente sancionatorio por no haber presentado su declaración patrimonial de cese de funciones. Entre esos exfuncionarios se encuentran los exdiputados propietarios Carlos Cortez Hernández y Carlos Wálter Guzmán.

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