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64 solicitudes de FGR truncadas por sanción de grupo antilavado

Jefes fiscales advirtieron los problemas que se avecinan en las investigaciones de lavado de dinero y corrupción por la reciente suspensión del Grupo Egmont, el organismo que comparte información financiera con 159 países.

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Análisis.  El jefe de la unidad antilavado y la jefa de la Unidad de Investigación Financiera hablaron ayer de las repercusiones de la reciente sanción.

Análisis. El jefe de la unidad antilavado y la jefa de la Unidad de Investigación Financiera hablaron ayer de las repercusiones de la reciente sanción.

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La Fiscalía realizó ayer su recuento de daños por la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont, la red de inteligencia financiera mundial que investiga la ruta del dinero mal habido. El impacto principal es el bloqueo a información financiera en 159 países, según la institución encargada de investigar. El Salvador había presentado 64 solicitudes de información a otros países para recabar pruebas en casos de corrupción y lavado de dinero, y esa documentación financiera no será entregada por la sanción impuesta por Grupo Egmont.

Las 64 asistencias internacionales se dividen así: 30 solicitudes de información de personas naturales y 34 de sociedades. Se trata de investigaciones que, según los fiscales encargados, quedarán truncadas porque los países socios ya no proporcionarán la información requerida. Entre los casos está la investigación del expresidente Mauricio Funes (prófugo por lavado de dinero), la del expresidente Antonio Saca (ya condenado por lavado) y la del empresario José Adán Salazar Umaña (pendiente de enfrentar juicio).

"Se nos han cortado las alas con este esquema de la suspensión (de Egmont)... El detrimento va a ser muy amplio y ya no vamos a poder trabajar con la celeridad con la que lo veníamos desarrollando en estos casos que hemos puesto en conocimiento en los tribunales", vaticinó el jefe de la Unidad Antilavado de la Fiscalía, Jorge Cortez.

El principal beneficiado de la sanción impuesta por Egmont, de acuerdo con las estadísticas fiscales, es el expresidente Mauricio Funes, quien no ha enfrentado la justicia en el país porque el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político en Nicaragua. Más de la mitad (38 de 64) de las asistencias internacionales que quedan en vilo están relacionadas con el caso Funes, según Cortez.

El expresidente es requerido en los tribunales salvadoreños por el despilfarro de $351 millones, con la ayuda de una estructura conformada por 32 personas. Fue Funes quien, durante su gobierno, filtró un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del expresidente Francisco Flores, involucrado en el desvío millonario de donativos de Taiwán. Y fue esa filtración la que puso en remojo a El Salvador ante el organismo de inteligencia financiera internacional. El país tenía que cumplir ocho condiciones para seguir siendo parte del grupo de inteligencia financiera, pero incumplió una: la reforma legislativa que garantizara autonomía a la UIF.

"Hay consecuencias para el sistema financiero, para los ciudadanos, y también para las investigaciones de la Fiscalía General de la República", resumió, por su parte, la jefa de la UIF, Maricela Campos.

Otra de las repercusiones es que El Salvador no podrá pedir a los 159 países miembros de Egmont que congelen cuentas que los procesados salvadoreños tengan en el exterior.

El Salvador se someterá a una nueva revisión de las exigencias de Grupo Egmont en julio de 2019. Si para entonces no ha enmendado la situación, podría enfrentarse a castigos más severos, como la expulsión definitiva de Grupo Egmont. Por eso Cortez y Campos apelaron ayer para que los diputados de la Asamblea busquen consenso para reformar el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para concederle la autonomía a la UIF, requerida por el organismo.

El presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, vetó la reforma que los diputados habían aprobado en julio pasado porque consideró que al darle autonomía a la UIF, se irrespetaban los roles del fiscal general, consignados en la Constitución de la República.

Tanto Cortez como Campos expresaron la disconformidad de la Fiscalía con el veto presidencial, el cual consideraron se hizo con total desconocimiento del trabajo de la Unidad Financiera. Los diputados de oposición no alcanzaron los votos para superar el veto previo a la última asamblea general de Egmont.

Los jefes fiscales insistieron en que la UIF no se encarga de investigación penal, sino que únicamente hace análisis financieros, por lo que su trabajo no riñe con las competencias del fiscal general.

"Déjenlos trabajar. Ellos no necesitan que un funcionario esté conociendo la investigación", respondió Cortez al ser consultado sobre la posibilidad de que la Unidad de Investigación Financiera esté adscrita a un órgano de Estado como el Ejecutivo.

Piloto de Funes se esconde en Chile

Luis Miguel Ángel García García es prófugo por el delito de lavado de dinero. Él era piloto del expresidente Mauricio Funes y es acusado de formar parte de la estructura de 32 personas que ayudó al exfuncionario a usar dinero público para gastos personales, como propiedades, artículos de lujo y viajes.

La Unidad de Investigación Financiera ayudó a ubicar a García García y a su esposa, Rosa López de García, en Chile. La información que consiguió la UIF permitió que la Unidad Antilavado los ubicara y solicitara su extradición en el Juzgado Séptimo de Instrucción.

"La UIF ha sido un bastión para poder ubicar a dos personas en Chile en el caso Mauricio Funes, donde nosotros ya hemos solicitado la instrucción por el tribunal competente", dijo Cortez.

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