76 sancionados por no declarar patrimonio

Sección de Probidad de Corte Suprema ha sancionado al 3 % del total de funcionarios que han incumplido ley de enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2013.
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Desfasada.  La Sección de Probidad de la CSJ está regulada por una ley aprobada hace 54 años.

Desfasada. La Sección de Probidad de la CSJ está regulada por una ley aprobada hace 54 años.

76 sancionados por no declarar patrimonio

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sancionado a 76 de los 2,302 funcionarios que han transgredido la ley sobre el enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2013.

Un informe de la Sección de Probidad de la Corte revela que los 76 funcionarios que incumplieron con la presentación de su declaración jurada de patrimonio o que la presentaron fuera del plazo establecido en la ley fueron sancionados con multas que van desde los $50 hasta los $571.

La Corte no ha multado ni a la mitad de funcionarios que han incumplido con la presentación de la declaración de su patrimonio. La cifra de 76 funcionarios sancionados representa apenas el 3.3 % de los funcionarios que han infringido la ley sobre enriquecimiento.

Los 76 funcionarios fueron multados según los cánones establecidos en la ley sobre enriquecimiento ilícito que data desde 1959. El artículo 3 de esta normativa establece que los funcionarios deben presentar una declaración de bienes ante la Sección de Probidad en los 60 días siguientes a la toma de posesión. Y, según esa disposición, deberán informar sobre sus bienes en los 60 días siguientes a la fecha en que cesen en el ejercicio de su cargo.

La ley, promulgada durante la gestión presidencial de José María Lemus, establece que quienes incumplan esos plazos se enfrentarán a una multa mínima de 100 colones ($11.43) o a una máxima de 5,000 colones ($571.43).

Entre los 76 sancionados aparece el diputado suplente de Conciliación Nacional (CN) Ciro Alexis Zepeda, a quien en 2009 le impusieron la multa más alta de todas: $571.43. En julio de 2012, Zepeda volvió a aparecer en la lista de diputados que no habían presentado su declaración en los plazos que estipula la ley. Se intentó contactarlo para que explicara si ya se puso al día con su reporte ante la Sección de Probidad, pero no contestó su celular.

A Howard Cotto, subdirector de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil (PNC), también le impusieron una multa en 2009. A él lo penalizaron con $100. Y no fue el único de la cartera de seguridad pública; también al subdirector general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, le impusieron una multa de $100 en ese año.

Asimismo, el subdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ricardo Cea, fue multado con $100 en 2010, por incumplir con la ley.

Carlos Herrarte, exdiputado y exjefe de fracción del PDC, fue sancionado con $114.

Hay funcionarios a quienes les han impuesto multas menores como, por ejemplo, al exdirector de Patrimonio Cultural, Héctor Sermeño, cuya sanción fue de $50. También al director del Cuerpo de Bomberos, Ábner Hurtado, le impusieron una multa de $50.

“Si mal no recuerdo fue por haber declarado extemporáneamente. Creo que fue cuando estuve de director ad honórem de Protección Civil. Me pusieron la multa y la pagué. Es la única vez en la vida que me ha pasado eso. La ley así es, pero no es porque uno no quiera presentarla, sino que el tiempo pasa y también me afectó que no hallaba la copia de la anterior declaración que tenía que presentar”, comentó Hurtado.

Las multas más recientes fueron impuestas el pasado 14 de febrero. Ese día, el pleno de la Corte Suprema acordó multar a dos funcionarios suplentes de la misma institución: a Eliseo Ortiz, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, y a Santiago Alvarado Ponce, integrante interino del resto de salas. A ambos les impusieron una sanción de $100.

El magistrado Florentín Meléndez explicó en ese momento que ha cambiado el mecanismo para la imposición de multas. En la anterior administración, según detalló, circulaba el expediente de multa en los despachos de todos los magistrados hasta reunir ocho firmas. En la actualidad, el presidente del Órgano Judicial, Salomón Padilla, lleva todos los proyectos de sanción a revisión y aprobación de Corte Plena, la máxima autoridad de la CSJ.

Según un consolidado de la Sección de Probidad, fechado el pasado 30 de enero, hay 2,302 funcionarios de los ministerios del Ejecutivo que tienen pendiente presentar su declaración. Más de la mitad de los 8,023 obligados a declarar sí presentó a tiempo su informe de patrimonio. Funcionarios del Ministerio de Hacienda y del de Educación son los que tienen más mora en la presentación de sus declaraciones.

Otra de las instituciones públicas que tiene más rezago es la Corte de Cuentas de la República (CCR), porque tiene 76 funcionarios que no han declarado sus bienes ante la CSJ.

La Sección de Probidad, además de no poder sancionar de oficio, tampoco puede comprobar la veracidad de la información que declaran los funcionarios. En 2005, 10 magistrados de la Corte Suprema le quitaron a la Sección de Probidad la facultad de solicitar informes bancarios sobre funcionarios o exfuncionarios de Gobierno de quienes se sospechara un enriquecimiento ilícito.

La Asamblea Legislativa mantiene en estudio un borrador de ley de enriquecimiento ilícito que sustituiría al que fue aprobado hace 54 años. Ese anteproyecto ingresó a la Asamblea desde hace poco más de cinco años.

En mayo de 2012, diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales dijeron que iniciarían el estudio del nuevo articulado. Ofrecieron darle más autonomía y devolverle atribuciones a Probidad. Los magistrados de la Corte, de hecho, se han pronunciado a favor de que se apruebe una nueva normativa. Sin embargo, la discusión no ha avanzado.

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