A pesar de la coyuntura de crisis política en el país, los diputados no desistieron de realizar la interpelación por la crisis generada por distribuir agua contaminada. GANA continuó criticando la decisión del resto de fracciones.
Interpelación. La última interpelación ocurrió en el país hace más de dos décadas, el 21 de agosto de 1997, fue al expresidente del BCR, Roberto Orellana.
A las 9:00 A.M. de hoy se espera que inicie la sesión plenaria ordinaria en la que se interpelarán a dos funcionarios del actual Gobierno por la crisis sanitaria que se generó luego de que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) distribuyera agua contaminada en varios municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Frederick Benítez, presidente de ANDA, y Ana Orellana, titular del Ministerio de Salud, son los dos funcionarios que serán interpelados.
"Nunca supimos la verdad, insisto, y por eso dimos paso a esta facultad o potestad que ya la Constitución la establece y el Reglamento de la Asamblea", dijo la diputada de Arena, Martha Evelyn Batres.
Durante la semana hubo voces, entre estas la del presidente del Parlamento, Mario Ponce, que abrían la posibilidad de que la interpelación se postergara para no tensar más la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, esto luego de que el domingo pasado se militarizara el Palacio Legislativo.
“¿Cuál es la finalidad de una interpelación? No es en contra de los dos funcionarios, precisamente es que los salvadoreños sepan la verdad que hasta el día de ahora no se ha dicho de lo que ocurrió con la crisis del agua”.
Martha Evelyn Batres, Diputada de ARENA
En ese sentido, Batres dijo que un tema no está relacionado con el otro, por tanto, no se podía postergar la interpelación.
"¿Cuál es la finalidad de una interpelación? No es en contra de los dos funcionarios, precisamente es que los salvadoreños sepan la verdad que hasta el día de ahora no se ha dicho de lo que ocurrió con la crisis del agua", enfatizó la diputada.
Al respecto, Ponce también coincidió que la toma de la Asamblea no era un hecho relacionado a la interpelación de los dos funcionarios.
"Lo que pasó el 9 de febrero no tiene nada que ver con lo de la interpelación. La interpelación es producto de un llamado de atención que hicieron los diputados de ambos grupos parlamentarios y el resto que se sumaron en relación al agua contaminada que recibió la capital... Ese es el motivo por el cual se está haciendo la interpelación, no tiene nada que ver con el 9 de febrero", declaró Ponce.
La decisión de interpelarlos se tomó el pasado 30 de enero con votos más que todo de los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Lo que pasó el 9 de febrero no tiene nada que ver con lo de la interpelación. La interpelación es producto de un llamado de atención en relación al agua contaminada que recibió la capital”.
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa
Previo a ese día, en varias comisiones de la Asamblea Legislativa se convocó a ambos funcionarios, sin embargo, estos no llegaron.
Una interpelación de funcionarios gubernamentales no ocurría en el país desde el 21 de agosto de 1997. En esa ocasión fue interpelado el entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla.
El motivo de esa interpelación era conocer la actuación que tuvo el BCR y él personalmente en el caso del fraude millonario que cometieron las instituciones FINSEPRO e INSEPRO.
La interpelación a Orellana Milla se alargó a dos días, por esto, no se puede asegurar que la interpelación de Benítez y Orellana vaya a finalizar hoy mismo.
Luego de la interpelación al expresidente del BCR, los diputados deliberaron y concluyeron en la recomendación de destituir a Orellana Milla de su cargo porque consideraron que fue negligente en su actuar respecto al fraude millonario que ocurrió.
Para esta ocasión, la base legal que utilizaron los diputados para aprobar que se hiciera la interpelación está en la Constitución de la República y en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
En el ordinal 34, del artículo 131 de la Constitución se establece que le corresponde a la Asamblea "interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas".
El 4 de febrero pasado, los diputados de recordaron que si los funcionarios no llegaban a la convocatoria que les habían hecho y no justificaban su ausencia con motivos de peso, podían ser incluso depuestos de sus cargos.
"Los Ministros o Encargados del Despacho y Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán, por el mismo hecho, depuestos de sus cargos", reza el artículo 165 de la Constitución de la República.
Ese mismo día, el 4 de febrero pasado, el presidente de la república, Nayib Bukele, confirmó que sus funcionarios atenderán el llamado de los diputados.
GANA, la fracción con la que Bukele ganó la presidencia, consideró errónea la decisión de los diputados de interpelar a los funcionarios.
Esta fracción justificó, en su momento, la ausencia de los funcionarios en las convocatorias que hicieron varias comisiones legislativas. No dieron sus votos para aprobar la interpelación y aún no es seguro que asistan a la sesión plenaria de hoy.
"Eso es falta de tolerancia y falta de buscar acuerdos, ellos dicen que hay una crisis, en medio de esa crisis llaman a los funcionarios, qué va a pasar el sábado (hoy), no lo sé", declaró el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez.
Procedimiento de adopción de medidas cautelares.
El Juzgado Ambiental de San Salvador abrió un proceso para interponer medidas cautelares por irregularidades en el servicio de distribución de agua potable que da la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El proceso lo inició a raíz de las denuncias que usuarios del servicio hicieron y que fueron retomadas en notas periodísticas del 22 y 23 de enero pasado. ANDA debió entregar información que el Juzgado le solicitó sobre el tema.
Para el presidente de ANDA, Frederick Benítez, estas son las preguntas formuladas:
Estas son las preguntas que deberá contestar la ministra de salud, Ana Orellana:
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