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A juicio exalcalde de La Libertad ligado al Barrio 18

Fiscalía acusa a exalcalde Carlos Molina de pagar para el homicidio, sin éxito, de una mujer. Juzgado lo envió a juicio junto con otros 148 ligados a pandilla.
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Libertad.  Carlos Molina enfrenta en libertad un proceso judicial ligado al Barrio 18 y a un intento de asesinato. El próximo año se definirá si es culpable o inocente.

Libertad. Carlos Molina enfrenta en libertad un proceso judicial ligado al Barrio 18 y a un intento de asesinato. El próximo año se definirá si es culpable o inocente.

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Carlos Farabundo Molina Quinteros, exalcalde de La Libertad (2006-2015), conoció ayer que debe enfrentar un juicio por vínculos con la pandilla Barrio 18 y con el intento de asesinato de una mujer, en 2008. El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) recopiló pruebas que relacionan a Molina con los delitos y lo mandó a la etapa de sentencia.

La jueza especializada ordenó que, junto con Molina Quinteros, otras 148 personas relacionadas con el Barrio 18 vayan a la fase de sentencia, para que un juzgado defina si son inocentes o culpables. La Fiscalía los acusa de los delitos agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado. El exalcalde está en libertad.

Las investigaciones fiscales en el caso denominado Operación Tsunami señalan que el exalcalde Molina pagó entre $3,000 y $5,000 a la pandilla 18 para que asesinaran a una mujer, en 2008, aunque el crimen no se concretó. Ayer, un representante de la Unidad fiscal de Zaragoza (La Libertad) omitió dar a conocer el motivo por el que Molina supuestamente quiso matar a la mujer.

"Pagó para poder quitarle la vida a una persona; se maneja que fueron de $3,000 a $5,000. En cuanto al móvil no se puede revelar ahorita por las situaciones del proceso, pero en una vista pública (juicio) pues (sí) se puede realizar tal situación", dijo el fiscal. Agregó que, según las pesquisas, el exfuncionario daba terrenos a la pandilla como colaboración.

Molina y su abogado defensor, Carlos Meléndez, criticaron "inconsistencias" de la resolución de la jueza. La defensa detalló que la juzgadora no depuró las pruebas que presentó la Fiscalía y omitió una sentencia de la Cámara Especializada de lo Penal que, a su criterio, dejó claro que no hay pruebas para vincular al exfuncionario con el intento de asesinato.

"La Cámara Especializada indicó que no existía el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado a favor de nuestro cliente y por esa razón lo pone en libertad. Circunstancia que la señora jueza no ha valorado. Los jueces de Instrucción están para hacer su trabajo y depurar los procesos, y no crear falsas expectativas a la población salvadoreña", señaló Meléndez.

El abogado criticó que las investigaciones de la Fiscalía, basadas en un testigo nombrado Drongo, dan cuenta de que el exalcalde del FMLN supuestamente pagó $3,000 a una persona para el asesinato, pero la jueza especializada exoneró ayer de la acusación al que presuntamente recibió el dinero. "Ahí pierde lógica y pierde fuerza la acusación", dijo.

La Fiscalía sostiene que los 149 vinculados al Barrio 18, entre ellos tres policías, operaban en el puerto de La Libertad y otros municipios aledaños. El fiscal asignado al proceso, que inició el 4 de diciembre de 2018 con las capturas de los imputados, expresó que se siente satisfecho con la resolución de la jueza. "En su totalidad se admite la prueba", finalizó.

Ayer, la jueza declaró rebeldes a los 52 acusados prófugos y les reafirmó la orden de captura, cuyo proceso queda en suspenso hasta que sean detenidos.

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