A juzgado 4 militares por caso jesuitas

La Policía confirmó que el cuarto militar capturado es el cabo Ángel Pérez Vásquez, quien en 1991 confesó haber disparado contra uno de los jesuitas. El lunes la CSJ decidirá qué juzgado llevará el caso mientras resuelve sobre la extradición.
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La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Policía Internacional (INTERPOL), confirmó ayer por la mañana que capturó al cabo Ángel Pérez Vásquez, quien se convirtió en el cuarto militar detenido acusado de haber participado en la masacre en contra de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida durante la noche del 16 de noviembre de 1989; y según el abogado de los militares, Lizandro Quintanilla, fueron presentados ayer por la Policía ante el juzgado de turno del Órgano Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.

“El lunes la Corte decidirá qué tribunal conocerá el caso, por el momento fueron llevados desde los juzgados a las bartolinas de Tránsito (de la Policía), donde permanecerán mientras la Corte decide qué hará ante la petición de extradición, según nos han informado, nosotros vamos a seguir insistiendo en que la extradición no procede”, dijo ayer Quintanilla.

Sobre la captura de Vásquez, la Policía informó que fue realizada ayer en horas de la madruga, durante el operativo simultáneo en varios puntos del país para capturar a los 17 militares que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, ha requerido para extraditarlos y juzgarlos en ese país.

Como resultado del operativo, los otros tres militares que la Policía confirmó que capturó son el sargento Tomás Zárpate Castillo, el subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y el coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.

Sobre los demás militares que se encuentran prófugos, la Policía informó que aún continúa tras la pista de su paradero y que no finalizará el operativo hasta capturarlos y luego presentarlos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que decida si admite la petición del juez español de extraditarlos.

“Estas capturas del 5 de febrero son el resultado de un operativo para dar cumplimiento a la notificación roja emitida por la INTERPOL (...) La PNC continúa el operativo para la búsqueda y detención de las demás personas requeridas”, informó escuetamente la Policía a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Por su lado, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer que los militares prófugos probablemente no estaban en sus viviendas cuando la Policía llegó para capturarlos porque habían tomado sus medidas.

“Muchas de las personas que debían ser capturadas no estaban en sus viviendas cuando la Policía llegó, esas personas tomaron sus medidas para evitar las capturas, esas medidas podrían ser que con anticipación se movieron a otros lugares para no ser detectados y detenidos”, dijo Ramírez Landaverde.

El operativo para capturar a los militares se hizo efectivo por la Policía después de que el 5 de enero el juez español Velasco reiteró, como lo ha hecho desde 2011, que requiere a los 17 militares para juzgarlos por los delitos de asesinatos terroristas. Una vez capturados, la Corte Plena de la CSJ decidirá si procede o no la extradición de los militares para ser juzgados en España.

En ese contexto, la jueza de Carolina del Norte en Estados Unidos, Kimberly Swank, también recibió, el 8 de abril de 2014, una petición de extradición en contra del coronel Inocente Orlando Montano, que finalmente resolvió el 4 de febrero de este año diciendo que Montano es sujeto de extradición hacia España para responder por la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras.

Los capturados

Los cuatro militares capturados por la Policía entre el viernes y sábado pertenecieron al desaparecido Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada. Los cuatro también fueron parte de los 10 militares que enfrentaron un proceso judicial entre 1991 y 1992 ante las autoridades salvadoreñas en el que fueron absueltos por el jurado, excepto el coronel Benavides, quien fue enviado a prisión con una condena de 30 años, pero fue liberado en 1993 gracias a la Ley de Amnistía.

Benavides, además, fue el único de los cuatro que fueron capturados entre el viernes en la noche y sábado en la madrugada que no participó como autor material de la masacre, sino que fue condenado por haber dado la orden a los tenientes de ejecutar la masacre.

El cabo Ángel Pérez Vásquez, el cuarto militar capturado por la Policía, confesó durante el proceso judicial en 1991 que la noche de la masacre disparó en contra del sacerdote Joaquín López y López, y que incluso se aseguró de que estuviera muerto, pero aun así el jurado lo absolvió de los cargos.

El subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas también fue puesto en libertad aun después de confesar que disparó contra los jesuitas José Amando López y Juan Ramón Moreno.

Lo mismo sucedió con el sargento Tomás Zárpate Castillo, quien después de confesar que disparó en contra de las dos colaboradoras de los jesuitas, identificadas como Elba y Celina Ramos, madre e hija, y asegurarse de que estaban muertas, fue absuelto de todos los cargos.

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