A prisión abogado y empleado judicial

El resto de imputados en caso Transes 2 continuará siendo procesado pero en libertad, con medidas.
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Foto de LA PRENSA/Archivo Remunerados.  Los miembros de la red de corrupción judicial recibían dinero cuando brindaban información adelantada de 18 procesos en tribunales.

Foto de LA PRENSA/Archivo Remunerados. Los miembros de la red de corrupción judicial recibían dinero cuando brindaban información adelantada de 18 procesos en tribunales.

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El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó enviar a prisión al abogado Silas Peraza Calderón y al colaborador jurídico del Juzgado de Instrucción de Metapán Ricardo Antonio Meléndez, dos de los seis capturados en el caso Transes 2, por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la reserva total.

La audiencia se desarrolló el lunes pasado por la tarde y se prolongó hasta entrada la noche, cuando el juez, que no permitió el ingreso a los medios de comunicación, leyó la resolución.

En total son seis personas, tres abogados, un médico y dos empleados judiciales, las que fueron capturadas la semana pasada acusadas de formar parte de una red de corrupción dentro del sistema judicial que buscaba favorecerse en procesos que se ventilaban en juzgados de la zona occidental.

Además de Peraza y Meléndez, la Fiscalía ordenó la detención de los abogados José Ramírez Peña y Joaquín Molina Castro, quienes además de ser colaboradores del primero también son hijos de jueces del occidente y se valían de su parentesco para ofrecer a procesados beneficios judiciales por casos ventilados en los tribunales de sus padres.

Los otros dos procesados son el médico Évert Edgardo Sanabria Escobar y la secretaria del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, Gracia María Villalta.

Sanabria fue capturado porque las investigaciones determinaron que entregaba constancias médicas falsas para personas procesadas judicialmente.

Para los dos abogados y el médico, el Juzgado de Paz ordenó que sean procesados en libertad, bajo medidas sustitutivas a la detención, como presentarse cada cierto tiempo al tribunal correspondiente, no salir del país y no cambiar de domicilio.

Mientras que la secretaria también será procesada en libertad y sin ningún tipo de medidas.

De acuerdo con la acusación fiscal, los ahora procesados habrían coordinado acciones para favorecer a reos procesados en al menos 18 casos; sin embargo, a la fecha no ha detallado cuáles.

Solamente se ha conocido que los abogados detenidos tendrían conexión directa con los empleados judiciales.

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