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“A veces no tenemos ni papel para una certificación”

El procurador auxiliar de San Salvador, Mario Peña, señaló que hay ocasiones en las que le tienen que pedir a los usuarios que paguen por los servicios que la PGR debería brindar de forma gratuita. 
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Procurador auxiliar de San Salvador.

Procurador auxiliar de San Salvador. Melvin Rivas Mario Peña

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Si una persona acudió a realizar trámites a la Procuraduría General de la República (PGR) entre enero y agosto, es bastante probable que haya sido atendido de la mejor manera y de forma gratuita, pero si se asoma entre septiembre y diciembre, lo más probable es que le toque meterle mano a su bolsillo.


El procurador auxiliar de San Salvador de la referida institución, Mario Peña, asegura que el presupuesto de la PGR para estos últimos cuatro meses ya prácticamente solo es utilizado en remuneraciones.


En el marco del abordaje del tema de solicitudes de fijación de cuotas alimenticias, un trámite que recaudo $26.1 millones el año pasado para un promedio de 36,000 niños y adolescentes, según publicó ayer LA PRENSA GRÁFICA, el funcionario ejemplificó la escasez con anécdotas que ha vivido en carne propia en la Unidad de Familia, la que está a cargo precisamente del servicio de fijación de cuotas alimenticias, el más solicitado y, por ende, en  el que más gasta la PGR cada año.


 Para 2015, dicha unidad recibió un presupuesto de $7.3 millones, de los cuales $6.6 millones fueron utilizados en remuneraciones; para el año siguiente, el presupuesto también fue de $7.3 millones,  $6.5 millones fueron destinados a remuneraciones; y para este año, el presupuesto bajó a $7.2 millones, de los cuales $6.2 millones son para remuneraciones.

  “Entonces, ¿con qué funcionamos?”, se preguntó. “Con un poco más de medio millón”, se respondió. “Y es imposible que con ese dinero la Procuraduría dé el servicio que quiere dar”, agregó.

 Entre las anécdotas de Peña están, solo por poner un ejemplo, varias ocasiones en las que su personal se le ha acercado para decirle: “Licenciado, ya no hay resmas de papel bond y me están pidiendo la certificación de un expediente de dos piezas”. En otras palabras, fotocopiar no menos de 200 páginas.

 “¿Y qué tenemos que hacer? Decirle al usuario que si le urge que podemos decirle al ordenanza que lo acompañe a sacar por su cuenta las fotocopias. Y los usuarios de la PGR son las personas con menores ingresos, gente que no tiene ninguna posibilidad de contratar ningún abogado, a veces esas personas no tienen ni para el pasaje”, apuntó.

Durante los 13 años que lleva trabajando en la institución, afirmó que no ha sido una, sino varias las veces en las que los usuarios han tenido que respetar la hora de almuerzo de los empleados, pero aguantándose los malestares de sus estómagos vacíos.

 “Cuando nosotros vemos esa necesidad, hemos visto cómo darles de comer o para el pasaje de regreso. Todas esas cosas se ven y eso incide en la calidad de los servicios que prestamos. ¿Imagínese eso de no tener papel? Hasta esos límites llegamos”, declaró. 

  Peña admitió que no es experto en presupuestos, pero señaló que a la PGR le suman cada vez más y más atribuciones con nuevas leyes, como la LEPINA en 2012 y la recién aprobada Ley Especial de Adopciones. Pero el poco presupuesto que les aumentan se los quitan luego, con recortes obligados para deudas del Gobierno, como la de pensiones. Por lo tanto, hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que la Procuraduría tenga “un presupuesto digno”.

 “A la Procuraduría la ven  generalmente por esos dichos de ‘Te van a topar en la procu’, lo ven más enfocado a eso, porque nuestra principal función es velar por la niñez y la adolescencia, y porque ese es como nuestro principal servicio (el trámite de la fijación de cuotas alimenticias), pero en realidad la Procuraduría tiene una gran cantidad de servicios que por  ley debe dar”, añadió.

Costos de servicios

En el último año, el servicio más solicitado fue el de fijación de cuotas alimenticias. Los gastos de la PGR para realizar esos trámites ascendieron a $2.1 millones, según sus estadísticas.

Para ese trámite en específico,  el precio unitario por asistencia administrativa ronda los $300. 

Las asesorías judiciales en trámites de adopciones, por poner otro ejemplo, tienen un precio unitario de $5,000.

 Y, en términos generales, para cualquier otra pretensión por parte de los usuarios, a la PRG le cuesta $30 (precio unitario) el más barato de los trámites de asesoría.

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