ANEP: Estado de excepción evidencia incapacidad de gobierno

Los privados aseguran que el gobierno pretende imponer un estado de sitio en el país para controlar a los ciudadanos, apagar la discusión sobre las pensiones y obtener más dinero sin tener que dar cuentas de él.
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La propuesta de imponer un estado de excepción en el país solo pone en evidencia la incapacidad de gobierno para resolver el “alarmante incremento de homicidios y el avance de la criminalidad”, dijo hoy la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a través de un comunicado de prensa. 

En el documento, los privados también demuestran su escepticismo respecto a la medida, al advertir que la misma “no es garantía alguna para resolver el problema de inseguridad que vive la gente”. 

A través de la misiva, la ANEP dice unirse al clamor de los salvadoreños, que “están viviendo un estado de desesperación y zozobra generado por las pandillas que limitan el acceso a sus viviendas y sus empleos, amenazando diariamente sus vidas y libertades ciudadanas”.

Los representantes del sector privado, sin embargo, van más allá de un clamor. Ellos también consideran que el trasfondo de la posible implementación de un estado de sitio tiene que ver con otras razones, entre ellas, “distraer la discusión pública del tema de pensiones  para tomarse a la fuerza el ahorro de los salvadoreños”.

De igual forma, sospechan que el gobierno solo pretende obtener más ingresos sin dar cuenta de su uso, sorteando el filtro legislativo, dado que un estado de excepción le permitiría al gobierno gestionar más recursos sin depender de la aprobación de los diputados. “Ya han comenzado a insistir en la necesidad de descongelar los $900 declarados inconstitucionales”, dice el comunicado.

La ANEP también señala que un estado de sitio le permitiría al gobierno controlar a los ciudadanos, especialmente aquellos que señalen sus incapacidades, se manifiesten públicamente, o incluso a los medios de comunicación que publiquen “temas que incomoden al gobierno”. 

Los privados consideran que, antes de suspender las garantías constitucionales de los salvadoreños, lo que requiere el país es una nueva política de seguridad y acciones efectivas que garanticen la seguridad. 

Finalmente, ANEP lamenta que el gobierno no haya tomado en cuenta la 113 propuestas clave para la prevención de la violencia y  persecución del delito, presentadas en el ENADE 2015, y las cuales fueron fruto de un estudio implementado por el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, a través de su empresa consultora Giuliani Security & Safety en El Salvador.

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