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ANEP denuncia a SC por reformas anti empresas

Superintendencia argumenta que los cambios es para mejorar alcances
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A la espera. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), muchos de sus agremiados están expectantes por la propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa y quieren estar presentes cuando se discuta.

A la espera. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), muchos de sus agremiados están expectantes por la propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa y quieren estar presentes cuando se discuta.

ANEP denuncia a SC por reformas anti empresas

ANEP denuncia a SC por reformas anti empresas

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A través de un pliego de reformas a la Ley de Competencia, la Superintendencia de Competencia (SC) y el Ministerio de Economía (MINEC) pretenden “incluir explícitamente a las asociaciones gremiales y a los colegios profesionales como sujetos que deben respetar la Ley de Competencia”; es decir, como el objeto de fiscalización de la SC son las concentraciones económicas, con la medida se controlarán a entidades empresariales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Ante ello, la principal gremial empresarial del país acusó a la SC de actuar “en venganza” por su incesante crítica a las operaciones del conglomerado ALBA en el país, y a la permisibilidad con que supuestamente actúa este ente gubernamental.

Pese a la apreciación de la ANEP, Francisco Díaz, superintendente de Competencia, afirma que lo único que las reformas pretenden es “procurar mejoras en procedimientos institucionales y más alcance para el combate a las prácticas anticompetitivas”.

ANEP ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de supuestas pruebas de la relación que integrantes del conglomerado ALBA tendrían con ilícitos cometidos en otros países y que, a juicio de la gremial empresarial, podrían explicar por qué para ellos las empresas ALBA representan “una amenaza a la seguridad nacional”.

Pero las peticiones de la gremial de empresarios más grande del país no solo fueron ante la Fiscalía, sino también hacia la misma SC, pues aducen que uno de sus miembros directivos tiene fuertes vínculos con el FMLN y que por lo tanto difícilmente valorarán los indicios presentados por la gremial para no solo investigar, sino sancionar si actúan al margen de la ley, y esto, según la ANEP, es la razón por la que ahora la SC los persigue.

Trato desigual

Según la ANEP, el “control” que se pretende ejercer contra ellos se expresa en la propuesta de reformas a la Ley de Competencia en su artículo 2, inciso 1.

“Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley todos los agentes económicos, sean personas naturales, jurídicas, entidades estatales, municipales, empresas de participación estatal, asociaciones cooperativas, o cualquier otro organismo que tenga participación en las actividades económicas. Asimismo, en los términos expresados en esta ley también quedan sujetas las asociaciones gremiales y los colegios profesionales”, reza una de las 29 modificaciones pretendidas por la SC.

Pero la reforma, encaminada a ejercer el supuesto control de la gremial, no es la única cuestionada por Javier Argueta, director de asuntos jurídicos de la ANEP, pues otra de ellas es la que integraría a la normativa el concepto de “ayudas públicas”, las cuales buscarían dar el beneficio o acompañamiento del Estado a empresas que operen con carácter social, según el proyecto.

Argueta cree que de aprobarse la inclusión de este artículo no solo se estarían creando las circunstancias adecuadas para que conglomerados como ALBA operen ejerciendo prácticas anticompetitivas de manera legalizada, sino que al mismo tiempo, a través de la reforma que controlaría a las gremiales, los estarían dejando “en circunstancias desiguales”.

Según el anteproyecto, dentro del concepto de ayudas públicas se encuentran “las ayudas destinadas a favorecer el logro de la seguridad y soberanía alimentaria del país, en la medida que sean necesarias para compensar desventajas económicas y sociales que afectan a los productores”, explica en uno de los seis literales que contempla el artículo 2-A, que sería incluido para justificar el concepto.

Superintendente amplía

Francisco Díaz, superintendente de Competencia, asegura que tanto el concepto de “ayudas públicas” como la integración de las gremiales, asociaciones y colegios profesionales para que actúen dentro del marco de lo legalmente permitido “no es nuevo”.

Sobre las ayudas públicas, el superintendente explicó que, a lo largo de la historia, en El Salvador se han realizado, y citó como ejemplo la entrega de fertilizante y semilla mejorada que hace el Ejecutivo cada vez que se requiere, y que se ha hecho con normalidad y sin queja alguna, al menos no desde el punto de vista empresarial.

Sin embargo, Arnoldo Jiménez, de ANEP, dice que una de las beneficiadas con la reforma sería Alba Petróleos, pues la considera una compañía de utilidad pública.

“Cada vez que se emite una disposición en función del desarrollo del empresariado salvadoreño, cualquiera que sea, cierto tipo de exoneración de impuestos, cierto tipo de ventajas arancelarias, se crea una ayuda pública y no es otra cosa más que una acción del Estado a través de una norma u acto administrativo que procura un beneficio a un determinado sector que no lo tendría sin esa acción del Estado”, dijo el superintendente, al tiempo de afirmar que la reforma (tomada de la legislación europea) solo busca llegar a estándares internacionales.

En el caso de la incorporación explícita de las gremiales, asociaciones y colegios profesionales a los lineamientos de la Ley de Competencia, Díaz sostiene: “Ya con la definición actual (de la ley) están comprendidos, pero tácitamente, en la medida en que puedan realizar cualquiera de estas instituciones una acción propia de agente económico que altere la competencia”, y por ello pueden ser sancionados.

“Si en un colegio profesional se ponen de acuerdo para que todos los miembros de esa profesión le cobren a usted $40 por un determinado servicio, allí estarían realizando una práctica anticompetitiva, estén o no estén explícitamente mencionados en la ley de competencia”, aseguró el superintendente.

Díaz cree que las reformas son oportunas, pertinentes y sin alguna intencionalidad coyuntural.

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