Lo más visto

APES critica discrecionalidad promovida por Sala de lo Cnal.

La asociación exigió a los magistrados respeto por el derecho ciudadano de acceso a la información. Dicen que sentencia atenta contra el periodismo.
Enlace copiado
Exigen. Autoridades de la APES se pronunciaron contra la sentencia de la sala y exigieron que respete el derecho de acceso a la información pública.

Exigen. Autoridades de la APES se pronunciaron contra la sentencia de la sala y exigieron que respete el derecho de acceso a la información pública.

Enlace copiado

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los límites que impusieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la información pública favorecen la discrecionalidad de las instituciones receptoras de solicitudes de información al momento de decidir si entregar o no lo solicitado.

“Como organización de periodistas, dejamos claro que nos preocupan este tipo de resoluciones y este tipo de determinaciones. Exhortamos a las instituciones estatales y funcionarios a continuar en el camino a la transparencia, esto significa no aceptar estas determinaciones, no estar de acuerdo, no avalar esta sentencias. Un llamado a la transparencia es lo que APES hace”, afirmó la presidenta de la asociación, Dalila Arriaza.

La sala, en su sentencia 713-2015, en la que dio por incumplida la orden de transparentar los viajes que realizó el expresidente de la república Mauricio Funes y su entonces esposa, Vanda Pignato, estableció tres límites sobre los que los oficiales de Información van a situarse para decidir cuál información van a entregar y cuál no.

“Hasta el momento es legítimo, según la ley, solicitar información, y nadie te tiene que cuestionar por qué la estás solicitando y cuál es el uso que le vas a dar. Con estas valoraciones de la sala, estamos viviendo un retroceso”. 
Dalila Arriaza, presidenta de la APES

La información que “versa sobre aspectos superfluos relacionados con la actividad de un funcionario o de una institución particular y que no denota razonablemente un interés público”, la que “cuya recopilación y sistematización denote razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida” y la relativa a “hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que, en su momento, debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental” consideró la sala que puede negarse a cualquier ciudadano.

APES recriminó que los magistrados ni siquiera definieron términos claves, por lo que la interpretación que se haga de ellos será variada en cada institución.

“La sala deja la puerta abierta a que funcionarios o instituciones públicas, a discreción, puedan determinar si una petición contiene aspectos ‘superfluos’, lo que podría llevar a denegar la información a quien la solicita. El calificativo ‘superfluos’ fue establecido por los magistrados de la sala sin brindar una definición clara, precisa e inequívoca”, criticó la APES.

“Ya haciendo uso de esta resolución, hay limitaciones al periodismo de investigación y eso es también lo que nos preocupa, que esta resolución se vaya a convertir en un obstáculo para el periodismo de investigación”. 
Javier Najarro,  secretario de Correspondencia de la APES

La asociación coincidió con otras entidades, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en que los magistrados, al emitir una resolución como esta, están dando un retroceso al acceso a la información y también a la democracia en el país.

Además de violentar el derecho ciudadano al acceso a la información pública, la APES declaró que se está violentando el ejercicio del periodismo, pues son quienes trabajan en este campo los que solicitan información para realizar investigaciones de cualquier tipo.

Señalamientos
La APES señaló que por estos motivos, la sentencia de la sala atenta contra el derecho al acceso a la información.
Falta de definiciones
“Aspectos superfluos” fue uno de los términos claves que se establecieron en la sentencia y que cada oficial de Información le dará la interpretación que le convenga. La APES consideró que los magistrados, si iban a poner esta restricción, debían definir las palabras para que tengan una misma aplicación. 
Deficiente resguardo
Los magistrados en la sentencia establecieron que no será obligación para las instituciones entregar información que se haya generado en gestiones anteriores. Al respecto, la APES consideró que esto puede ser un escudo para que haya un resguardo deficiente de la información que las instituciones tienen.

Lee también

Comentarios