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ARENA pide a sala declarar ilegal el presupuesto 2017

ARENA argumenta que la Asamblea violó los procedimientos constitucionales en la aprobación del presupuesto 2017.
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Informe financiero 2016.  Acción Ciudadana presentó un informe financiero de los partidos políticos. FMLN y PCN aún no han entregado la información.

Informe financiero 2016. Acción Ciudadana presentó un informe financiero de los partidos políticos. FMLN y PCN aún no han entregado la información.

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El diputado de ARENA René Portillo Cuadra presentó ayer ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra el Presupuesto General de la Nación 2017, que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 18 de enero, solo con los votos de los diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC. ARENA votó en contra, y de hecho fue una de las causa para retirarse de las mesas de diálogo con el Gobierno.

El legislador y abogado aseguró que la demanda se fundamenta en cuatro argumentos: uno, se violentó el proceso de formación de ley debido a que el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, primero sometió a votación el decreto y después abrió el debate, cuando la Constitución señala lo contrario; segundo, no existe ninguna potestad legal que faculte a la Asamblea para dar dinero del presupuesto a organizaciones no gubernamentales y, por tanto, esta habría excedido sus facultades.

En este punto, Portillo Cuadra mantuvo que para asignar fondos a la mayoría de esas organizaciones no gubernamentales se les quitó dinero a las partidas presupuestarias de Educación y Salud. “Ese otorgamiento de dinero discrecional para organismos no gubernamentales, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de estudio, y los más grave, sin ningún tipo de fiscalización por parte de la Corte de Cuentas, no se convierte en un hábito. $22.5 millones repartidos a las ONG estarían sirviendo para medicinas, para la construcción de más escuelas... Eso significa despilfarrar el dinero”, sostuvo.

El tercer argumento es que el presupuesto no se presentó equilibrado, es decir, que los ingresos no eran igual que los egresos. Según dijo: “Esos egresos deben de estar en función del cumplimiento de los fines del Estado. ¿Cuáles son esos fines del Estado? La educación, la salud, la seguridad”.

El último argumento es que se obvió el financiamiento total de la Ley del Escalafón de Salud para 2017, la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el pago del fideicomiso de obligaciones de previsionales, y las pensiones de militares retirados Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

“Nosotros no estamos pidiendo la suspensión del Presupuesto General de la Nación 2017, lo que estamos pidiendo es que se pronuncie sobre si el procedimiento y el contenido del presupuesto está apegado a la Constitución”, aclaró el legislador. Aseguró que si Sala lo declara ilegal, entraría en vigencia el presupuesto de 2016.

Portillo Cuadra dijo que espera que la Sala se pronuncie antes de terminar el año, pero en caso de que emita un fallo hasta el siguiente, consideró que no le cabe duda de que corregirá las violaciones que se hicieron.

Minutos después, el diputado del FMLN Rolando Mata opinó sobre el tema, y dijo esperar que los magistrados de la Sala emitan una sentencia “racional y lo analicen de acuerdo con lo que dice la Constitución”, y no a “los caprichos y deseos de cualquier persona”.

El diputado del PCN Mario Ponce aseguró que si la Sala resuelve en contra del presupuesto, los efectos serían complicados, porque se detendrían algunos proyectos como la construcción de escuelas y centros de salud que se están iniciando con los recursos aprobados en el presupuesto 2017, pero el resto del aparato estatal no se paraliza.

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